El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se refirió al proceso de concertación del salario mínimo que aplicará en Colombia durante 2027. La vocería la asumió la titular de la cartera de Trabajo, según reportó el portal Pulzo. El pronunciamiento se conoce en un momento en que trabajadores, empleadores y centrales obreras empiezan a discutir los porcentajes que regirán el próximo año.
En el país, la fijación del salario mínimo es el resultado de una negociación entre la mesa tripartita, integrada por representantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. Si las partes no llegan a un acuerdo, la determinación queda en manos del Ministerio del Trabajo, que debe expedir el decreto antes del 31 de diciembre del año previo a su vigencia. Esta arquitectura legal se mantiene vigente desde 1990 y ha dado lugar a acuerdos directos en varias ocasiones y a decretos unilaterales en otras.
La ministra del Trabajo expuso los criterios que, según el Ejecutivo, guiarán esa discusión. Aunque el extracto disponible no detalla cada uno de los puntos, el marco general suele incluir variables como la inflación observada y proyectada, la productividad laboral, el crecimiento del producto interno bruto y la situación de sectores sensibles como el agro y las microempresas. Cualquier ajuste debe considerar también el impacto fiscal sobre las finanzas públicas, dado que varias prestaciones y contribuciones se indexan al mínimo.
Para los trabajadores formales, un cambio en el salario mínimo tiene efectos directos en el ingreso mensual, pero también en horas extras, recargos nocturnos y dominicales, auxilios de transporte y aportes a seguridad social. Para los pensionados, el reajuste anual del piso pensional sigue la misma senda del mínimo. En el otro extremo, los pequeños empresarios, especialmente del comercio y los servicios, suelen argumentar que incrementos elevados ponen en riesgo el empleo informal y la sostenibilidad de los negocios con nóminas pequeñas.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella insistió en una petición concreta, cuyo detalle no aparece en la nota original de Pulzo. La solicitud se suma a la serie de señales que la administración ha enviado sobre su visión de la política laboral, en la que conviven a una intención de proteger la generación de empleo con la de mantener el poder adquisitivo de los salarios. La negociación se retomará formalmente en los últimos meses del año, una vez se conozcan los indicadores macroeconómicos del cierre de 2026.
En el plano político, el tema del mínimo se ha vuelto también un termómetro de la relación entre el Ejecutivo, las centrales obreras y los gremios. Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), principales centrales del país, suelen presentar plataformas de peticiones con cifras de inflación y productividad como base. Por el lado de los empleadores, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) suelen alertar sobre el impacto en la empleabilidad juvenil y femenina.
Un punto adicional que suele estar sobre la mesa es el del mínimo en sectores específicos, como el trabajo agrícola, el trabajo doméstico y el de los aprendices del programa de aprendices en del Ministerio de Trabajo, gracias a la ampliación de la jornada en contratos de aprendizaje. Las discusiones de los últimos años han incluido debates sobre cómo cerrar la brecha entre el mínimo general y los mínimos sectoriales, especialmente en regiones con menor productividad.
Queda por verse si la mesa tripartita logrará un acuerdo directo o si, como ha ocurrido en varias oportunidades, el Ministerio expedirá el decreto por la vía salarial. La ministra del Trabajo será la encargada de conducir el proceso durante los próximos meses y de entregar los lineamientos técnicos que se discutirán con las bancadas y los gremios. El país estará atento al desenlace, porque la decisión final define el bolsillo de millones de colombianos que devengan el mínimo.
La fuente de esta información es el portal Pulzo, que publicó la declaración de la vocera ministerial. Los detalles completos de la petición del Gobierno y los criterios expuestos pueden consultarse en la nota original.