El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella levantó la restricción que impedía la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de uso ilícito, según informó El Colombiano. La decisión modifica de forma directa la política antinarcóticos que el Estado colombiano había aplicado desde 2015, cuando se suspendieron esas fumigaciones.
El glifosato es un herbicida que las autoridades colombianas emplearon durante años para afectar plantaciones de coca y amapola. En 2015, tras una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de entonces suspendió las fumigaciones por el principio de precaución y por la presión de comunidades que denunciaban daños en la salud y en los cultivos lícitos.
Durante los años siguientes, el debate sobre el regreso de la aspersión aérea se mantuvo abierto. Sectores de la fuerza pública y algunos gremios pidieron retomar las fumigaciones como herramienta para reducir los cultivos. Organizaciones ambientales, indígenas y de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos para la salud humana, las fuentes de agua y la biodiversidad.
Con esta decisión, el gobierno de De la Espriella se distancia de la línea seguida por las últimas administraciones, que privilegiaron la erradicación manual y los programas de sustitución voluntaria. La medida también ocurre en un contexto regional de aumento de los cultivos de coca en zonas selváticas, de acuerdo con los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La decisión tendrá efectos directos sobre las comunidades que habitan en zonas donde existen plantaciones de uso ilícito, muchas de ellas en regiones apartadas y con presencia de grupos armados. La aspersión aérea puede afectar cultivos de pancoger, fuentes de agua y zonas de resguardo indígena, según han señalado organizaciones como la Defensoría del Pueblo.
Desde el punto de vista institucional, la medida obliga a actualizar los protocolos de las entidades responsables de la política antinarcóticos. También abre la discusión sobre la forma en que se coordinará la aspersión con la Fuerza Pública y con los ministerios de Salud y Ambiente, que históricamente han tenido posiciones distintas frente al uso del herbicida.
El Colombiano reportó la información sin detallar aún los puntos técnicos del decreto o las zonas priorizadas. Tampoco se conocieron de inmediato reacciones oficiales de la cartera de Defensa, del Ministerio de Justicia ni de los organismos de control. Se espera que en los próximos días el gobierno explique el alcance de la decisión y los mecanismos de seguimiento.
La noticia llega en medio de un contexto internacional donde varios países evalúan los impactos del glifosato. Mientras algunos Estados lo restringen o prohíben, otros lo mantienen como herramienta agrícola. Colombia deberá definir ahora bajo qué condiciones técnicas y ambientales retomará la aspersión y cómo responderá a los reclamos de las comunidades afectadas.
En las próximas semanas, el Congreso, las cortes y los organismos de control podrán intervenir en la discusión. También lo harán los gremios, las organizaciones sociales y las comunidades étnicas, que suelen ser las más expuestas a los efectos de las fumigaciones aéreas en el territorio colombiano.
Por ahora, la decisión marca un giro en la política de drogas del país y deja abiertas varias preguntas sobre su implementación, su impacto en la salud pública y su articulación con las demás estrategias de lucha contra los cultivos ilícitos.