El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se mantiene a la espera del anuncio que Estados Unidos hará este martes 15 de septiembre, en horas de la tarde, sobre la certificación anual a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Así lo reportó El País, que señaló la expectativa oficial por un fallo que pesa sobre la relación bilateral.
La certificación antidrogas es un mecanismo mediante el cual el Departamento de Estado evalúa cada año el esfuerzo de los países productores o de tránsito en la reducción de cultivos ilícitos, la interdicción de drogas y el procesamiento judicial de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Con base en ese examen, el ejecutivo estadounidense puede respaldar, condicionar o descertificar la cooperación de un país.
Para Colombia el procedimiento tiene una relevancia particular por ser uno de los principales aliados de Washington en la región y por el volumen histórico de cooperación en materia de seguridad, asistencia técnica y apoyo a la fuerza pública. Una certificación favorable suele ir acompañada del mantenimiento de programas conjuntos, mientras que una descertificación puede derivar en restricciones o condicionamientos.
En anteriores gobiernos la decisión estadounidense fue seguida con atención tanto en Bogotá como en Washington. La certificación o descertificación se ha convertido en un indicador político sobre el rumbo de la política antinarcóticos y, en la práctica, en una pieza de presión diplomática dentro de la relación bilateral.
Hasta el momento el gobierno de De la Espriella no ha informado sobre los argumentos que lleva a Washington ni sobre el contenido del informe que el Departamento de Estado tiene previsto dar a conocer. La comunicación oficial se concentra, por ahora, en aguardar el pronunciamiento previsto para la tarde de este martes.
El resultado del proceso puede tener efectos sobre la agenda de cooperación en seguridad, sobre las metas de reducción de cultivos ilícitos que sostiene el Estado colombiano y sobre la percepción internacional de la política antidrogas nacional. Sectores cercanos al seguimiento del tema han subrayado la necesidad de que el fallo llegue acompañado de información técnica verificable.
En el plano interno, distintas voces han pedido que el gobierno detalle las metas que se propuso en materia de incautaciones, reducción de hectáreas sembradas y judicialización de estructuras dedicadas al tráfico de drogas. Ese debate se reactiva cada año cuando se acerca la fecha del anuncio de Washington.
El País reportó que el pronunciamiento está previsto para la tarde del martes, una vez el Departamento de Estado culmine la ronda de evaluaciones a los países incluidos en el proceso anual de certificación. A partir de ese momento se conocerán los términos oficiales y la posición del gobierno colombiano frente a lo decidido.
Por ahora, la atención se concentra en la hora del anuncio y en la lectura que harán el Ejecutivo, los organismos de seguridad y los partidos políticos sobre lo resuelto por Washington. Las reacciones del gobierno nacional se esperan tras la divulgación del fallo.