El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, dio inicio a una mesa de trabajo con el sector de carga por carretera. La primera sesión reunió a representantes del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Defensa, según reportó Infobae, con el objetivo de atender los delitos y los riesgos que sufren los conductores en los distintos corredores del país.
El encuentro marca un paso formal en la interlocución entre el Ejecutivo y los transportadores, un gremio que durante años ha reclamado mayor protección en las vías. Los robos de carga, los bloqueos, las extorsiones y los accidentes figuran entre las amenazas más reportadas por los conductores en rutas nacionales.
Entre las medidas acordadas se destacó la incorporación de drones de vigilancia en las carreteras. La medida ya empezó a implementarse, de acuerdo con la fuente, aunque no se detallaron en el reporte inicial los tramos específicos ni la cantidad de equipos desplegados.
El sector de carga es una columna vertebral de la economía colombiana: por carretera se mueve la mayor parte de la mercancía que conecta los puertos, las zonas de producción agrícola, los centros industriales y las ciudades. Cualquier afectación a la seguridad de los transportadores tiene efectos directos sobre los precios al consumidor y sobre la cadena de suministro.
La participación del Ministerio de Defensa sugiere que la estrategia contempla componentes de fuerza pública y no solo de regulación vial. En Colombia, la seguridad en las carreteras ha sido tradicionalmente un tema compartido entre la Policía de Tránsito, el Ejército y las fuerzas regionales, sobre todo en zonas donde operan grupos armados ilegales.
Los transportadores venían denunciando un deterioro en las condiciones de seguridad en rutas como la vía al puerto de Buenaventura, el corredor del Catatumbo y los tramos que conectan con Venezuela, entre otros. El plan anunciado busca responder a esas alertas con presencia institucional y tecnología de monitoreo.
El uso de drones para vigilancia vial no es nuevo en el país: la Policía Nacional y la Dirección de Tránsito ya han empleado estos equipos en operativos contra el contrabando y el acompañamiento de caravanas. Lo que cambia ahora es su incorporación a un esquema específico de protección al transportador.
Quedan pendientes varios puntos del acuerdo que la fuente no detalla, como los recursos asignados, la coordinación con las gobernaciones y los plazos de evaluación. El sector esperaba que la mesa se reuniera de manera periódica y que las medidas se traduzcan en resultados verificables en los próximos meses.