El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella trabaja en la redacción de un proyecto de ley dirigido a agilizar el ingreso de donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto que afectó al país. Según Infobae, el objetivo del Ejecutivo es suspender temporalmente el trámite ordinario que suelen seguir estos aportes y reemplazarlo por una ruta abreviada, con el fin de que la ayuda llegue con mayor rapidez a las zonas afectadas.
La propuesta se inscribe en el marco de las facultades ordinarias del Congreso de la República, al que corresponde tramitar y aprobar cualquier modificación temporal al régimen de donaciones. Hasta el momento, la iniciativa no ha sido radicada formalmente, por lo que el texto definitivo y su articulado completo aún no son de conocimiento público.
Colombia cuenta con un marco legal previo para el manejo de donaciones en escenarios de desastre, regulado por la Ley 1523 de 2012, que estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esa normativa define los procedimientos para recibir, administrar y entregar la ayuda nacional e internacional, así como los controles para garantizar la transparencia en el uso de los recursos y bienes recibidos.
En tragedias anteriores, el país ha habilitado mecanismos especiales para canalizar aportes, incluyendo exenciones tributarias para quienes donen, la creación de cuentas oficiales y la coordinación con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Cruz Roja Colombiana. La experiencia previa ha mostrado que los cuellos de botella suelen aparecer en la frontera, las aduanas y el proceso de valoración de los bienes donados, según han reiterado funcionarios y agremiaciones del sector.
La decisión de acudir a una ruta abreviada responde a la urgencia que imponen las primeras semanas tras un movimiento telúrico, periodo en el que la necesidad de alimentos, agua, abrigo, medicinas y materiales de reconstrucción es mayor. Las donaciones, tanto en dinero como en especie, provienen de ciudadanos, empresas, gobiernos locales y cooperación internacional, lo que multiplica los frentes logísticos que se deben coordinar.
Para los ciudadanos, el efecto más visible de la nueva ley sería la reducción de los tiempos de nacionalización de los bienes donados y la simplificación de los requisitos documentales exigidos a quienes aporten. Sectores como el empresarial han planteado en crisis anteriores la conveniencia de estandarizar los formularios y permitir la entrega directa de insumos a los organismos de socorro sin pasos intermedios.
Quedan pendientes varios puntos sobre los que el Ejecutivo deberá pronunciarse cuando presente el texto. Entre ellos, el alcance de las exenciones, los organismos encargados de vigilar el uso de los recursos, el plazo durante el cual regirá el procedimiento abreviado y los mecanismos de rendición de cuentas. La discusión en el Congreso será determinante para definir estos aspectos.
Por ahora, la atención de la opinión pública se centra en la capacidad del Estado para responder con prontitud a la emergencia y en que las donaciones lleguen efectivamente a los damnificados. El éxito de la medida dependerá tanto de la aprobación legislativa como de la articulación entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal.