El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de La Espriella, expresó públicamente su respaldo a un proyecto de ley que propone restringir el acceso de menores de edad a tratamientos de afirmación de género. La iniciativa contempla limitaciones específicas para tres tipos de intervención médica: bloqueadores de publicad, terapias hormonales y procedimientos quirúrgicos.
La decisión se conoce en un contexto donde varios países han reabierto el debate sobre los protocolos clínicos dirigidos a niños y adolescentes con disforia de género. Organizaciones médicas internacionales mantienen posiciones divididas: algunas sociedades científicas respaldan estos tratamientos bajo supervisión profesional, mientras otras han pedido cautela ante la falta de evidencia sobre efectos a largo plazo en cuerpos en desarrollo.
En Colombia, la atención en salud de personas trans está amparada por la Sentencia T-771 de la Providencia Judicial Constitucional y por fallos posteriores de la misma corporación, que reconocieron el derecho a la identidad de género y a la atención médica integral. Cualquier restricción legal sobre estos procedimientos deberá conciliarse con esos precedentes y con los principios de autonomía progresiva, que reconoce capacidades de decisión según la edad del menor.
Para el sistema de salud, la propuesta plantea interrogantes sobre la cobertura, la responsabilidad de los profesionales tratantes y los protocolos de acompañamiento sicológico a las familias. Especialistas en endocrinología pediátrica y en salud mental han señalado que cada caso requiere evaluación individual, sin que exista un consenso único sobre la edad adecuada para iniciar o suspender tratamientos hormonales.
El proyecto también impacta a comunidades organizadas de padres y madres de menores trans, quienes han pedido garantías para que sus hijos accedan a atención oportuna. En el otro extremo, colectivos que promueven la cautela médica celebran la iniciativa como una protección frente a decisiones irreversibles durante la infancia y la adolescencia.
El anuncio del gobierno abre una nueva etapa del trámite legislativo en el Congreso, donde la iniciativa deberá surtir debates en comisión y plenaria. Sectores aliados del oficialismo anticipan que buscarán acelerar su discusión, mientras organizaciones de derechos humanos y sociedades médicas han anunciado que pedirán espacios de audiencia para exponer sus posiciones técnicas y jurídicas.
Queda por definirse el alcance exacto de las excepciones que incluirá el texto, especialmente en casos de intersexualidad o de menores con acompañamiento psicológico prolongado. La Corte Constitucional tendrá la última palabra si el proyecto avanza y se promulga, dado que la jurisprudencia vigente protege derechos relacionados con la identidad y la autonomía personal.