El Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, expidió una resolución que establece reglas claras para el uso de vehículos equipados con cámaras y dispositivos electrónicos. Según informó El Colombiano, la decisión apunta a poner orden en una práctica que hasta ahora se movía sin un marco regulatorio unificado.
Los llamados carros “caza fotomultas” son vehículos que circulan por las ciudades con cámaras y sensores orientados a detectar infracciones de tránsito. Con el tiempo, conductores y operadores encontraron en ellos una forma de negocio: alertar a otros sobre la ubicación de cámaras de fotodetección y, en algunos casos, registrar manualmente presuntas violaciones para reportarlas.
La ausencia de una regulación específica había abierto varios vacíos. No existía un criterio nacional sobre qué tipo de tecnología podían portar estos vehículos, en qué condiciones podían operar ni cómo debía manejarse el material que grababan. Esto generaba dudas legales sobre la validez de esas pruebas y sobre la privacidad de quienes aparecían en las grabaciones.
Con la nueva resolución, el Gobierno busca cerrar esos vacíos. Aunque el extracto de la fuente no detalla cada uno de los puntos del acto administrativo, sí confirma que la norma fija reglas para el uso de los dispositivos y sus condiciones de operación, lo que obliga a los usuarios de estos vehículos a ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por el Ejecutivo.
La medida tiene implicaciones directas para los ciudadanos. Por un lado, quienes usan estos vehículos como herramienta de alerta o de denuncia deberán conocer y respetar los nuevos requisitos. Por otro, los conductores comunes verán cómo se delimita una práctica que antes se movía en una zona gris y que, según denuncias recurrentes, en ocasiones se prestaba para extorsión o para hostigamiento en las vías.
Para las autoridades de tránsito, la resolución también ordena el panorama. Las cámaras de fotodetección son una herramienta habitual de los organismos de control en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, donde las fotomultas son fuente constante de controversia. Regular los vehículos que detectan o registran esas cámaras reduce la discrecionalidad con la que se venía operando.
El Colombiano tituló la noticia como “Gobierno De la Espriella anuncia medidas para regular carros caza fotomultas”. Aunque el extracto no reproduce las declaraciones textuales del presidente ni del ministro responsable, sí sitúa la resolución como una decisión del Gobierno Nacional, lo que la convierte en un acto de alcance para todo el territorio.
Quedan pendientes varios elementos por conocer. La publicación oficial de la resolución en el Diario Oficial, el listado exacto de requisitos técnicos para los dispositivos y el régimen de sanciones para quienes incumplan las nuevas reglas son piezas que el extracto no detalla. También habrá que observar cómo reaccionan los operadores de estos vehículos y si surgen demandas o tutelas contra la norma.
Por ahora, la noticia confirma el hecho regulatorio: el Gobierno De la Espriella decidió intervenir un sector que había crecido al margen de la ley y le puso, por primera vez, un marco escrito. El resto del debate quedará en manos del Congreso, los jueces y los usuarios de las vías.
