El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha la liquidación del Ministerio de la Igualdad con una meta concreta: recuperar cerca de 200.000 millones de pesos, según informó El Colombiano. La decisión implica el cierre administrativo y presupuestal de una entidad que fue pieza central de la administración anterior.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas más visibles del gobierno anterior, con el propósito de atender poblaciones históricamente marginadas y coordinar políticas de equidad de género, étnica y territorial. Durante su existencia, la entidad concentró una parte significativa del gasto destinado a programas sociales focalizados.
El proceso de liquidación se enmarca dentro de una revisión general de la estructura del Estado que la actual administración viene adelantando desde su llegada al poder. La figura de la liquidación, regulada por la Ley 489 de 1998, permite suprimir una entidad pública, liquidar sus bienes y garantizar el pago de sus obligaciones pendientes.
Entre los aspectos prácticos que deberán resolverse en las próximas semanas están la situación laboral de los funcionarios vinculados a la entidad, el destino de los programas en ejecución y la transferencia de competencias a otros ministerios. Estos puntos suelen ser los más sensibles en cualquier proceso de liquidación de una entidad del orden nacional.
La cifra de 200.000 millones de pesos que el Gobierno proyecta recuperar corresponde, según la fuente, a recursos del presupuesto que estaban asignados a la entidad y que dejarán de ejecutarse tras el cierre. Ese monto podría reasignarse a otras prioridades del Plan Nacional de Desarrollo o a programas sociales que operen desde ministerios ya existentes.
La liquidación de un ministerio no ocurre con frecuencia en Colombia. El caso más reciente comparable fue el del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyas funciones fueron absorbidas por otra cartera. La experiencia previa muestra que estos procesos suelen extenderse por varios meses antes de completarse.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en política pública han señalado en otras ocasiones que la eliminación de entidades como el Ministerio de la Igualdad plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas dirigidas a mujeres, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y población víctima del conflicto.
Desde el Gobierno se ha argumentado que la supresión busca reducir el gasto público y evitar duplicidades con funciones que ya cumplen otras dependencias. La fuente consultada no detalla, sin embargo, cuáles ministerios absorberán los programas que actualmente ejecuta la entidad en liquidación.
El proceso seguirá ahora las fases establecidas por la ley: un inventario de activos y pasivos, la notificación a trabajadores y contratistas, la cancelación de contratos y la entrega final de informes a los organismos de control. La duración total dependerá del volumen de obligaciones y de los recursos que se logren efectivamente recuperar.