De acuerdo con Caracol Radio, el Gobierno nacional evalúa formalmente la opción de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional, el tribunal con sede en La Haya encargado de juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. La información, recogida por el portal Análisis Urbano, señala que el análisis se realiza en la Presidencia y en la Cancillería.
La CPI es un organismo de carácter permanente creado por el Estatuto de Roma, firmado en 1998 y en vigor desde 2002. Colombia ratificó ese estatuto en 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y desde entonces reconoce la jurisdicción del tribunal para investigar y juzgar, en última instancia, los peores crímenes internacionales cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo.
Una eventual salida del Estatuto de Roma no se concreta de manera inmediata. El propio tratado establece que cualquier Estado parte puede denunciar el instrumento mediante notificación al Secretario General de la ONU, y el retiro surte efecto un año después de recibida la comunicación, salvo que se revoque la decisión durante ese plazo. Ese procedimiento previsto en la fuente normativa explica por qué un anuncio de este tipo suele ir acompañado de tensiones diplomáticas y revisiones legales internas.
En el contexto interno colombiano, el debate sobre la relación con la CPI ha sido recurrente. El país ha sido escenario de investigaciones y observaciones preliminares del tribunal sobre hechos vinculados al conflicto armado, así como sobre situaciones posteriores a la firma del acuerdo de paz de 2016. Distintos sectores han cuestionado la jurisdicción de la Corte, mientras que víctimas y organizaciones de derechos humanos han defendido su papel para garantizar justicia en casos de graves violaciones.
El retiro tendría implicaciones directas para la cooperación internacional en materia penal. Colombia dejaría de estar obligada a cooperar con las solicitudes de arresto y entrega de la CPI, y pasaría a depender, en la práctica, de los mecanismos ordinarios de cooperación judicial bilateral y de la aplicación interna del derecho internacional humanitario. Eso, según expertos, puede modificar el estándar con el que se juzgan los crímenes más graves en el país.
Para la ciudadanía, una decisión de este calibre no es solo un asunto de política exterior. Familias de víctimas de desapariciones forzadas, massacres, reclutamiento de menores y otras conductas constitutivas de lesa humanidad han seguido durante años procesos nacionales e internacionales. Cambiar la jurisdicción aplicable puede alterar rutas de investigación abiertas y la percepción internacional sobre la garantía de no repetición.
En el plano diplomático, la movida también tocaría la relación con los Estados que son parte del Estatuto de Roma, que son la mayoría de la comunidad internacional. Salirse de la CPI suele asociarse con riesgos reputacionales y con tensiones en la cooperación en justicia, aunque varios países han anunciado retiros en distintos momentos, lo que muestra que la decisión, aunque excepcional, no carece de precedentes.
Hasta el momento, según la información de Caracol Radio recogida por Análisis Urbano, no hay un pronunciamiento oficial público del presidente Abelardo De la Espriella confirmando el inicio del proceso de denuncia. El Ejecutivo tampoco ha detallado, de acuerdo con la fuente, un cronograma ni los argumentos jurídicos que sustentan la evaluación. La Cancillería, en tanto, tiene a su cargo la coordinación de los aspectos de derecho internacional y de política exterior que una eventual salida implicaría.
Queda por verse si el Gobierno opta por formalizar la denuncia ante la ONU, si el Congreso entra a discutir el tema en algún momento del procedimiento y cómo reaccionan los organismos de control, la academia y las organizaciones de víctimas. Por ahora, la sola evaluación ya sitúa la relación de Colombia con la justicia penal internacional en el centro del debate público.