La Casa de Nariño radicó ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General un expediente con presuntas irregularidades detectadas en el Sistema de Subsidio Familiar. El paquete de denuncias involucra nóminas paralelas, contratos bajo sospecha y redes de influencia al interior de varias cajas de compensación, según informó el Ejecutivo.
De acuerdo con el reporte oficial, 11 de las 42 cajas de compensación que operan en el país fueron intervenidas tras una serie de inspecciones lideradas por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Los recursos bajo observación ascienden a 14,1 billones de pesos, una cifra que el Gobierno Nacional destacó por su magnitud dentro del sistema.
Las entidades señaladas incluyen a Comfenalco Antioquia y Comfamiliar Atlántico, dos de las cajas más grandes del país por número de afiliados y cobertura regional. La Superintendencia enfocó sus visitas en revisar la contratación, la planta de personal y los giros a terceros, con el propósito de establecer si hubo desvíos de recursos parafiscales.
El Sistema de Subsidio Familiar se financia con aportes de los empleadores equivalentes al 4 % de la nómina de trabajadores con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos. Con esos recursos, las cajas administran programas de salud, educación, recreación, vivienda y crédito para los trabajadores afiliados y sus familias. Cualquier irregularidad en su manejo afecta directamente a millones de beneficiarios.
La decisión de remitir el caso a los tres organismos de control marca la ruta institucional del expediente. A la Fiscalía le corresponde investigar posibles delitos como peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos o interés indebido en contratos. La Procuraduría adelantará el proceso disciplinario contra los funcionarios públicos comprometidos, y la Contraloría revisará el daño fiscal y abrirá procesos de responsabilidad.
El Gobierno Nacional enmarcó la denuncia en la política de vigilancia sobre entidades que manejan recursos parafiscales, dineros de los trabajadores que no pertenecen al presupuesto general de la Nación. El Ejecutivo sostuvo que las cajas deben garantizar transparencia en el uso de esos aportes y que las sospechas justifican la intervención de los organismos competentes.
Hasta el momento no se conocieron capturas ni sanciones confirmadas. El expediente quedó en manos de las tres entidades, que deberán definir las investigaciones individuales, los plazos de cada proceso y las medidas cautelares sobre los bienes o contratos comprometidos. Las cajas intervenidas, mientras tanto, deben continuar prestando los servicios a sus afiliados durante el proceso.
El siguiente paso depende de los resultados de las visitas de la Superintendencia y de las decisiones que adopten Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. El Gobierno Nacional anunció que seguirá entregando información a medida que avancen las indagaciones y que no descarta nuevas intervenciones si aparecen más hallazgos en las 31 cajas restantes del sistema.