El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de La Espriella, informó que la auditoría que viene adelantando sobre la gestión de recursos públicos detectó presuntas irregularidades en la ejecución de programas ejecutados en este departamento durante la administración de Gustavo Petro. La denuncia se concentra en el programa Prosperidad Social, la entidad encargada de coordinar la entrega de transferencias y subsidios a la población vulnerable.
Según el reporte oficial, las inconsistencias sumarían alrededor de un billón de pesos, una cifra que las autoridades consideran relevante por el volumen de recursos comprometidos. El Gobierno no entregó en el anuncio detalles sobre los municipios, los contratistas o los rubros específicos cuestionados, y señaló que la auditoría continuará su curso para precisar el alcance exacto de las presuntas anomalías.
Prosperidad Social ha sido históricamente una de las entidades con mayor dispersión de recursos en el Estado colombiano. Maneja programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y la Renta Ciudadana, entre otros, con presencia en los 32 departamentos del país. Por eso, cualquier señalamiento sobre su manejo fiscal suele tener repercusiones directas en millones de hogares que dependen de esos beneficios.
Desde la oposición y desde sectores vinculados al gobierno anterior, las reacciones no se hicieron esperar. Voceros del petrismo cuestionaron la oportunidad de la denuncia y pidieron que cualquier hallazgo se tramite por los canales institucionales de control, como la Contraloría General de la República o la Fiscalía, y no a través de comunicados políticos. El Gobierno, en tanto, aseguró que el objetivo de la auditoría es transparentar el uso de los recursos y que los resultados se pondrán a disposición de los organismos de investigación.
El anuncio se produjo en el mismo escenario en el que el Ejecutivo presentó un plan de alivios para los productores agropecuarios damnificados por el fenómeno de El Niño. La sequía de los últimos meses golpeó con fuerza a pequeños y medianos campesinos, con pérdidas en cultivos de pan coger, café, ganadería de doble propósito y pesca artesanal en varias regiones.
El plan contempla, según lo expuesto por el Gobierno, medidas de alivio financiero y acompañamiento técnico para los afectados. Aunque no se precisaron montos ni cronogramas, el Ejecutivo sostuvo que se busca evitar que los productores más vulnerables abandonen sus tierras o queden atrapados en deudas con el sistema financiero.
La conexión entre ambos anuncios, según voceros oficiales, responde a una misma línea de trabajo: revisar a fondo el manejo de los recursos públicos y, al mismo tiempo, reorientarlos hacia quienes más los necesitan. Para los ciudadanos, esto se traduce en una doble expectativa, conocer qué pasó con los recursos cuestionados y verificar si los alivios prometidos llegan efectivamente al campo.
Por ahora, la auditoría sigue en curso y las autoridades llamaron a la calma mientras se recopila la documentación necesaria. Los resultados finales, dijeron, se darán a conocer una vez concluyan las revisiones y se determine si hubo responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales.