Según reportó Caracol Radio, la actual administración expidió actos administrativos para derogar circulares laborales que habían sido emitidas por el Ministerio del Trabajo durante el gobierno de Gustavo Petro. La medida afecta de manera directa a dos sectores específicos que estaban regulados por esas directrices: las personas vinculadas al servicio doméstico y los trabajadores de la vigilancia privada.
Las circulares derogadas eran instrumentos administrativos expedidos por el Ministerio del Trabajo para precisar el alcance de derechos ya reconocidos en la ley. En el caso de las empleadas y empleados del servicio doméstico, la normativa buscaba aplicarles con plenitud las garantías del Código Sustantivo del Trabajo, incluyendo jornada, prestaciones sociales y derechos de seguridad social. Para los vigilantes, las circulares pretendían regular aspectos como las pausas activas, los límites a la jornada y las condiciones mínimas de descanso.
El contexto de estas circulares se remonta a discusiones laborales que durante años plantearon la necesidad de cerrar vacíos normativos para trabajadores históricamente excluidos de algunas garantías. El servicio doméstico fue uno de los sectores que más tardíamente accedió a derechos como la jornada de ocho horas y el pago de horas extras, mientras que la vigilancia ha sido objeto de regulaciones especiales por los riesgos propios de la actividad.
El gobierno de Petro, a través del Ministerio del Trabajo, emitió estas circulares como parte de su política de dignificación del trabajo. Con su derogatoria, el gobierno de De la Espriella marca un giro en la orientación de esa política. Queda por establecer si las garantías que esas circulares reconocían quedarán sin respaldo normativo o si serán reemplazadas por nuevas directrices ministeriales.
Los principales afectados por la decisión son cientos de miles de trabajadores. Colombia registra una alta proporción de personas empleadas en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres, y un número significativo de vigilantes que prestan servicios a empresas de seguridad y a usuarios residenciales, comerciales e industriales. Para estos trabajadores, las circulares derogadas fijaban reglas claras en aspectos como jornada, descansos y remuneración.
Organizaciones sindicales y de derechos de los trabajadores han expresado su preocupación por la derogatoria, señalando que podría significar un retroceso en la protección de sectores vulnerables. Sectores gremiales, en cambio, han reclamado en distintas oportunidades que las circulares excedían la potestad reglamentaria del Ministerio e invadían asuntos propios de la ley.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han tenido posturas variables frente a los derechos de estos sectores. En sentencias previas, la Corte ha reiterado la obligación de aplicar los principios del derecho laboral de manera progresiva, reconociendo la dignidad del trabajador como eje de cualquier interpretación normativa. Esa jurisprudencia constituye un referente para evaluar los efectos prácticos de la derogatoria.
En el plano institucional, la decisión implica que el Ministerio del Trabajo de la administración De la Espriella deberá expedir nuevas directrices o dejar en manos de la legislación vigente la regulación de estas materias. Algunas garantías ya contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en convenciones internacionales ratificadas por Colombia seguirían aplicando, aunque su interpretación quedaba simplificada por las circulares derogadas.
Por ahora, los empleadores y trabajadores del servicio doméstico y de la vigilancia esperan que el Ministerio aclare el alcance concreto de la derogatoria y los derechos que permanecen vigentes. Se trata de un sector acostumbrado a la informalidad y a la falta de claridad normativa, y la incertidumbre podría traducirse en nuevas disputas administrativas y judiciales en el corto plazo.
La fuente consultada por Caracol Radio señala que la pregunta central que deja abierta la derogatoria es si los derechos conquistados por estas circulares se mantienen por otras vías o si, en la práctica, se reducen. La respuesta, por ahora, depende de los actos administrativos y de las decisiones judiciales que se produzcan en las próximas semanas.