El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer los fundamentos jurídicos de la Resolución 429, el acto administrativo con el que revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz. La vocería estuvo a cargo de Miller Soto, quien expuso los puntos centrales del documento ante los medios.
Según el extracto publicado por La Razón, Soto recordó que el Consejo de Estado ya había suspendido esa designación. Esa decisión judicial, sumada al nuevo análisis del Gobierno, configuró el escenario para la expedición de la resolución que deja sin efecto el reconocimiento del exjefe paramilitar dentro del mecanismo de gestor de paz, una figura creada para que exintegrantes de grupos armados contribuyan a la verdad y a la reparación.
La figura de gestor de paz ha sido utilizada por distintos gobiernos para vincular a exjefes de organizaciones armadas ilegales que se acogen al proceso de paz. A cambio de su colaboración con la justicia y las víctimas, el Estado otorga beneficios procesales y condiciones de seguridad. Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, había sido incorporado a ese esquema por una decisión del anterior Ejecutivo.
Con la revocatoria, el Gobierno abre un nuevo capítulo en el manejo del expediente Mancuso, cuyo proceso de justicia y paz atraviesa múltiples etapas. La resolución implica que el exjefe paramilitar pierde los beneficios y el marco de protección derivados de su condición de gestor de paz, lo que tendrá consecuencias en su situación judicial y en las investigaciones en curso.
La postura oficial, según el extracto de La Razón, se concentra en argumentos de tipo jurídico. El Ejecutivo defendió la competencia para expedir la resolución y sostuvo que la medida se ajusta al ordenamiento colombiano, en concordancia con la decisión del Consejo de Estado que suspendió previamente la designación.
Para los sectores de víctimas, el debate sobre el rol de Mancuso en el proceso de paz ha sido especialmente sensible. La revocatoria reabre preguntas sobre el alcance de su colaboración con la justicia, el acceso a la verdad por parte de las comunidades afectadas y la coherencia del Estado frente a quienes pertenecieron a estructuras paramilitares.
En el plano institucional, el pronunciamiento del Gobierno se inscribe en una serie de decisiones administrativas que han revisado el listado de personas reconocidas como gestoras de paz. La medida deja en evidencia que el Ejecutivo puede, dentro del marco legal, reevaluar y dejar sin efecto esos reconocimientos cuando cambian las condiciones jurídicas o las decisiones de los tribunales.
Ahora queda por definir cómo avanza la situación procesal de Mancuso sin la protección del mecanismo. También se espera que las autoridades competentes aclaren los efectos sobre las comparecencias y los compromisos pendientes con la Jurisdicción Especial para la Paz y con la Comisión de la Verdad, instancias ante las cuales el exjefe paramilitar tenía obligaciones de aporte a la verdad.