El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, entregó esta semana los lineamientos de su apuesta para reorganizar el sistema de salud colombiano. La propuesta incluye una inyección millonaria de recursos y redefine la manera como operan las Entidades Promotoras de Salud, las EPS, que hoy administran la afiliación y el pago de servicios de buena parte de la población, según reportó Valora Analitik.
Las EPS han sido durante más de tres décadas el eje de la intermediación en el modelo de salud colombiano. Se crearon con la Ley 100 de 1993 y quedaron a cargo de afilar a los usuarios, gestionar el riesgo financiero y canalizar los pagos a hospitales y clínicas. Con el paso de los años, su desempeño quedó bajo escrutinio por las deudas acumuladas con la red hospitalaria y por las quejas de los usuarios, por lo que varias han sido intervenidas o liquidadas por la Superintendencia de Salud.
De acuerdo con la información publicada por Valora Analitik, el plan del gobierno De la Espriella contempla una inversión cuantiosa, aunque el reporte no precisa el monto exacto ni las fuentes de financiamiento. La apuesta es reorientar el flujo de recursos para fortalecer la atención primaria, reducir la carga financiera sobre los ciudadanos y garantizar la sostenibilidad del sistema a mediano plazo.
El esquema también prevé ajustes al papel de las EPS. La idea, según el extracto, es limitar su función como simples intermediarias financieras y darles un rol más cercano a la gestión del riesgo en salud y al acompañamiento de los pacientes. Este giro implicaría cambios regulatorios y operativos que deberán pasar por el Ministerio de Salud y por el Congreso de la República.
Para los ciudadanos, una eventual transformación del sistema puede traducirse en cambios prácticos: desde la forma de acceder a citas y medicamentos hasta la red de prestadores disponible en cada región. En zonas rurales y apartadas, donde la oferta de servicios es más limitada y la presencia de EPS ha sido irregular, el anuncio abre expectativas sobre una posible ampliación de cobertura.
El sector hospitalario, que durante años ha reclamado el pago oportuno de las obligaciones de las EPS, también se ve directamente afectado por esta propuesta. Si los recursos fluyen con mayor agilidad y se redefine la intermediación, los hospitales y clínicas podrían mejorar su liquidez y, según el gobierno, reducir la carga que hoy asumen los usuarios por conceptos no cubiertos.
La reforma llega en medio de un debate nacional recurrente sobre cómo garantizar el derecho a la salud sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Otros gobiernos han presentado proyectos similares que no han completado su trámite legislativo, por lo que la propuesta de De la Espriella deberá sortear el examen del Congreso, de los actores del sistema y de la ciudadanía.
Quedan pendientes varios elementos por esclarecer: el valor concreto de la inversión anunciada, el cronograma de implementación, el destino específico de los recursos y los indicadores con los que se medirá el impacto. Valora Analitik publicó los detalles iniciales, y se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Salud amplíe la información y convoque mesas de trabajo con los distintos sectores involucrados.