El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa la posibilidad de retomar la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, esta vez apoyada en tecnología no tripulada. Así lo confirmó el ministro Cancino, quien señaló que el Consejo Nacional de Estupefacientes ya analiza la propuesta, según reportó Noticias RCN.
La discusión no se limita al equipo que se usaría para dispersar el químico. El funcionario explicó que también se estudian las condiciones técnicas de los aviones de la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar que el procedimiento cumpla con los estándares operativos necesarios en caso de que se apruebe el regreso de esta práctica.
Colombia suspendió la aspersión aérea de cultivos ilícitos en 2015, tras una decisión adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes que respondió a preocupaciones de salud pública y a cuestionamientos sobre la efectividad del glifosato. Desde entonces, las estrategias antinarcóticos se han reorientado hacia la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual.
La aparición de los drones como herramienta potencial para la aspersión reabre un debate de larga data. Sectores críticos han advertido sobre los riesgos ambientales y de salud asociados al glifosato, mientras que otros actores han pedido alternativas más contundentes para reducir los cultivos de coca, que en los últimos años han alcanzado cifras récords según los reportes del Sistema de Monitoreo apoyado por la ONU.
El componente técnico es clave en esta etapa. Los aviones de la Policía han sido empleados históricamente en operaciones de fumigación y transporte, pero algunos de ellos han cumplido su vida útil. Una eventual reanudación obligaría al Gobierno a definir si se renueva la flota, si se contratan aeronaves o si se acude a drones, que ofrecen precisión en la dispersión y menor exposición de personal en zonas de riesgo.
Cancino no anunció una fecha para una decisión definitiva. Indicó que el proceso avanza en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes, el organismo encargado de fijar la política de drogas en el país y de aprobar o suspender los programas de aspersión.
Para los cultivadores en zonas de conflicto, el anuncio genera expectativa. Las comunidades cocaleras del Catatumbo, Putumayo y Caquetá han pedido en diversas oportunidades que cualquier intervención venga acompañada de inversión social y programas de sustitución que les den alternativas económicas reales.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos también estarán atentas. La Corte Constitucional, en sentencias recientes, ha condicionado cualquier operativo de aspersión al cumplimiento de rigurosos protocolos de protección a la salud y al medio ambiente, por lo que un eventual regreso requeriría sustento técnico y respaldo judicial.
Por ahora, el Gobierno se limita a evaluar la propuesta. El siguiente paso será conocer el concepto técnico del Consejo y, a partir de ahí, definir si Colombia vuelve a fumigar sus cielos o si opta por una ruta distinta frente a los cultivos ilícitos.