El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estaría evaluando la posibilidad de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal con sede en La Haya encargado de juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. La información fue divulgada por 360 Radio y, hasta ahora, no cuenta con confirmación oficial desde la Casa de Nariño ni desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Corte Penal Internacional es un órgano judicial permanente creado por el Estatuto de Roma, firmado en 1998. Colombia ratificó ese instrumento en 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y desde entonces ha reconocido la jurisdicción del tribunal para investigar y juzgar los peores crímenes internacionales. La CPI ha abierto en el pasado indagaciones preliminares y examinado situaciones relacionadas con el conflicto armado colombiano.
Un eventual retiro del Estatuto de Roma es un proceso que, según el propio tratado, se activa con una notificación al secretario general de las Naciones Unidas. Esa notificación surte efectos un año después de su presentación, salvo que el Consejo de Seguridad de la ONU disponga otra cosa. Antes de ese paso, el Gobierno tendría que sustentar públicamente las razones jurídicas y políticas de la decisión.
El debate sobre la permanencia en la CPI ha sido recurrente en la política colombiana, sobre todo a raíz de la apertura de investigaciones en torno a conductas ocurridas durante el conflicto armado interno. Sectores cercanos a las fuerzas de seguridad han cuestionado la jurisdicción del tribunal, mientras que víctimas, organizaciones de derechos humanos y académicos han defendido la continuidad del país en ese sistema.
Para la ciudadanía, la eventual salida tendría implicaciones en materia de acceso a la justicia internacional para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. También modificaría el marco de cooperación que el Estado colombiano mantiene con la CPI en temas como la entrega de información, la comparecencia de testigos y la ejecución de eventuales órdenes de captura o reparaciones.
En el plano internacional, una decisión de ese tipo ubicaría a Colombia en un grupo reducido de países que han anunciado o ejecutado retiros del Estatuto de Roma, entre ellos algunas naciones que han argumentado supuestas injerencias en asuntos soberanos. La medida sería leída por organismos multilaterales y por países cooperantes como una señal sobre el compromiso del Estado colombiano con el derecho internacional de los derechos humanos.
Desde el ámbito interno, el movimiento sería objeto de debate en el Congreso, donde la ratificación del Estatuto de Roma se hizo mediante una ley de la República. Sectores políticos, víctimas y la academia han pedido en otras oportunidades que cualquier decisión en esa materia sea consultada con las víctimas y cuente con argumentos técnicos, antes de avanzar en un retiro formal.
Por ahora, el Gobierno no ha anunciado un acto administrativo concreto ni ha radicado comunicación ante la ONU, y la información publicada por 360 Radio se presenta como una evaluación en curso. Queda por conocer si la decisión se concreta, bajo qué argumentos se presentaría y cuál sería la postura de los organismos de control, la Rama Judicial y las organizaciones de víctimas frente a un eventual retiro.