El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió el decreto con el que devuelve al Consejo de Estado la competencia para asumir las tutelas contra la Presidencia, según informó El Tiempo. La decisión revierte una medida que había sido tomada durante la administración de Gustavo Petro y cuyo borrador se había conocido semanas atrás.
La acción de tutela es el mecanismo constitucional que cualquier ciudadano puede usar para proteger sus derechos fundamentales cuando considera que han sido vulnerados por una autoridad pública. Por regla general, los jueces competentes para resolver estas solicitudes son los del lugar donde ocurrieron los hechos o donde se producen los efectos de la vulneración. La distribución de esa competencia entre los distintos despachos judiciales es, justamente, el aspecto que regula el decreto.
Con la expedición de este acto, el gobierno de De La Espriella restablece el esquema previo a la decisión del gobierno Petro y concentra en el Consejo de Estado el conocimiento de las tutelas que se dirijan contra la Presidencia. El Consejo de Estado es el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia y, entre sus funciones, actúa como juez de tutela cuando se controvierten actos de entidades del orden nacional, aunque la competencia específica puede ser ajustada mediante normas como la que ahora se expide.
El decreto se inscribe en una serie de decisiones administrativas mediante las cuales el nuevo gobierno ha revisado y revertido varias medidas tomadas por la administración anterior. La dinámica es habitual en los cambios de gobierno en Colombia, aunque genera debate cuando se trata de actos que ya habían producido efectos sobre los ciudadanos que habían presentado tutelas bajo las reglas anteriores.
Para los ciudadanos que han interpuesto tutelas contra la Presidencia o que piensan hacerlo, el cambio implica que sus procesos deberán ser conocidos, en primera instancia, por el Consejo de Estado y no por el juez administrativo del lugar donde se alega la vulneración. Esa diferencia puede traducirse en tiempos y dinámicas procesales distintas para quienes buscan una respuesta judicial ágil.
La modificación también tiene impacto en la congestión judicial: al concentrar en un solo cuerpo colegiado el examen de tutelas contra la Presidencia, se redistribuye la carga que antes recaía sobre los jueces administrativos secciones. En la práctica, eso puede significar que casos que antes se resolvían en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali pasen ahora al Consejo de Estado, en Bogotá.
El decreto, cuyo contenido exacto debe consultarse en el texto publicado, fue conocido primero como proyecto y ahora ya fue expedido. Resta por ver cómo reaccionan los sectores que defienden el acceso amplio a la justicia, las organizaciones que acompañan tutelas y la propia comunidad jurídica, que suele pronunciarse sobre reformas que afectan la competencia de los jueces.
Queda pendiente, además, el estudio de eventuales demandas contra el propio decreto, pues cambios de competencia en materia de tutela suelen ser revisados por la Corte Constitucional cuando se cuestiona si lesionan el acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos. Por ahora, el hecho concreto es la expedición del acto y el restablecimiento del esquema anterior, según reportó El Tiempo.