El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó suspender el giro de 38.724 millones de pesos destinados a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La decisión, de carácter preventivo, se adoptó luego de que el equipo auditor detectara inconsistencias en los cobros elevados por distintos prestadores de servicios.
Como parte de la misma determinación, 26 prestadores de servicios fueron excluidos del giro de recursos. Sobre estas entidades pesan dudas sobre la veracidad de las obligaciones reportadas al sistema de salud, lo que llevó al Ejecutivo a tomar la medida de manera inmediata mientras avanza la revisión.
La Adres es el fondo que administra y dispersa los recursos del aseguramiento en salud en Colombia, proveniente de las cotizaciones y aportes al sistema. Su correcto funcionamiento resulta clave para el pago oportuno a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud en todo el país.
Según lo informado, la medida se mantendrá vigente hasta que las EPS y demás instituciones involucradas certifiquen la veracidad de las obligaciones en discusión. Esa certificación será la llave para reactivar el flujo de recursos hacia los prestadores que queden habilitados.
La decisión se inscribe dentro de las acciones que el Gobierno ha anunciado para depurar el manejo financiero del sistema de salud, donde las glosas, los cobros no soportados y las deudas entre actores concentran buena parte de la crisis de liquidez hospitalaria.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato se concentra en los usuarios atendidos por las entidades incluidas en la exclusión, quienes podrían enfrentar demoras o restricciones transitorias en la autorización de servicios, dependiendo de cómo se resuelva la verificación.
El Ejecutivo ha señalado que el objetivo es proteger los recursos públicos y garantizar que los giros respondan a servicios efectivamente prestados. La administración busca recuperar confianza en el flujo de dinero del sistema, que en los últimos años ha estado marcado por la cartera morosa y los reprocesos.
Queda pendiente el resultado de las certificaciones y eventuales sanciones. Si las inconsistencias se confirman, el caso podría escalar a las instancias de control, y los prestadores afectados podrían enfrentar investigaciones adicionales, además de la suspensión del giro.