El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general que regía sobre los permisos para porte de armas de fuego en el país. Así lo establece el Decreto 1368, publicado recientemente y reportado por La FM.
La norma ordena restablecer la vigencia de todos los permisos que se encuentren activos al momento de la expedición del decreto y que no tengan restricciones individuales vigentes. En la práctica, los ciudadanos que contaban con un permiso válido vuelven a estar habilitados para portar armas de fuego, salvo aquellos casos en los que exista una restricción particular ya impuesta por la autoridad competente.
La medida revierte una decisión adoptada por la administración anterior, que había suspendido de manera general la entrega y vigencia de nuevos permisos como parte de su política de desarme. Esa suspensión aplicaba como regla uniforme en todo el territorio nacional, sin distingo del tipo de arma ni del perfil del solicitante.
El porte de armas en Colombia es regulado por el Ministerio de Defensa a través de la Industria Militar (Indumil), entidad encargada de expedir los permisos y de verificar los requisitos legales de cada solicitante. Los permisos pueden ser revocados o suspendidos de forma individual cuando se presentan antecedentes judiciales, investigaciones en curso o situaciones de riesgo para la vida del portador o de terceros.
Con el Decreto 1368, la administración De la Espriella fija un nuevo punto de partida en la política de armas. Los titulares de permisos vigentes deberán continuar cumpliendo las condiciones legales y los controles que establece la normatividad, mientras que las solicitudes nuevas se regirán por el procedimiento ordinario previsto en las normas vigentes.
Sectores que habían reclamado el regreso a criterios individuales de evaluación de permisos consideran que el levantamiento de la suspensión general devuelve la competencia al estudio caso por caso. Por su parte, organizaciones ciudadanas vinculadas a temas de seguridad y desarme han expresado en el pasado su preocupación por el efecto que pueda tener en la convivencia una mayor cantidad de armas en circulación.
El Gobierno no ha informado, hasta el momento, sobre cambios adicionales en la normatividad de porte de armas más allá de lo dispuesto en el Decreto 1368. Queda pendiente conocer si la medida irá acompañada de ajustes en los requisitos para acceder a nuevos permisos o de campañas de control sobre armas legales en manos de civiles.
En lo inmediato, el decreto ya rige en todo el país. Los ciudadanos que porten armas con base en permisos reactivados deben asegurarse de que el documento siga vigente y de no tener restricciones individuales, para evitar sanciones contempladas en el Código Penal para quienes porten armas sin autorización legal.