El Ministerio de Justicia presentó un recurso de impugnación contra el fallo judicial que ordenó suspender la prueba piloto de aspersión con glufosinato de amonio en el departamento de Putumayo, según reportó Infobae. Con esa movida, el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella busca revertir la decisión y reactivar el programa experimental de erradicación de cultivos de uso ilícito.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la cartera de Justicia sostiene que el fallo que paró la aspersión carece de un elemento esencial: no se especificó el nivel de riesgo que llevó al juez a tomar esa determinación. Para el Ministerio, esa omisión afecta la motivación del auto y abre la puerta a su revisión en segunda instancia.
El glufosinato de amonio es un herbicida de amplio espectro que el Gobierno venía probando como alternativa al glifosato, cuyo uso en la erradicación aérea de cultivos de coca ha estado limitado por cuestionamientos ambientales y de salud. La prueba piloto en Putumayo se inscribe dentro de la estrategia antinarcóticos que la administración De la Espriella ha impulsado desde el inicio de su mandato, con el propósito de evaluar la eficacia y los impactos del nuevo compuesto en territorio.
La suspensión del programa se produjo tras una acción judicial que acogió argumentos sobre riesgosambientales y de salud para las poblaciones expuestas al químico. La decisión generó una reacción inmediata en el Ejecutivo, que considera la medida como un obstáculo a la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico, una de las prioridades declaradas por el gobierno de De la Espriella.
La impugnación no resuelve de inmediato el futuro de la aspersión. Mientras el recurso no sea decidido por el juez competente, la suspensión se mantiene vigente y la prueba piloto continúa paralizada. Esa incertidumbre operativa tiene efectos directos sobre los cronogramas de erradicación previstos en el Putumayo, uno de los departamentos con mayor presencia de cultivos de coca.
Para los habitantes de las zonas donde se adelantaba la prueba, la parálisis significa un compás de espera en cuanto a las jornadas de erradicación y a la posible exposición al herbicida. Las comunidades han pedido de forma reiterada información clara sobre los efectos del glufosinato de amonio en la salud y en los ecosistemas, así como protocolos de atención en caso de afectaciones.
El pulso entre el Gobierno y la rama judicial por la estrategia de aspersión no es nuevo. En las últimas décadas, los programas de erradicación con químicos han enfrentado órdenes de suspensión por parte de jueces que han valorado los riesgosambientales y de salud pública. La diferencia en este caso es el compuesto utilizado, que hasta ahora no había sido empleado a escala operativa en Colombia para la destrucción de cultivos ilícitos.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos han pedido que cualquier programa de aspersión cuente con estudios independientes previos sobre impacto en la salud, en las fuentes hídricas y en la biodiversidad. El Gobierno, por ahora, defiende la legalidad y la necesidad de la prueba piloto como herramienta dentro de su política de seguridad.
El siguiente paso es que el juez o tribunal competente resuelva el recurso presentado por el Ministerio de Justicia. Hasta tanto no haya una decisión de fondo, la suspensión del glufosinato de amonio en Putumayo sigue activa. La definición del caso se mira con atención desde el Putumayo, desde los sectores ambientales y desde las fuerzas de seguridad, que dependen de esa herramienta para sostener los ritmos de erradicación.