El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó la liquidación del Ministerio de la Igualdad y la redistribución de sus funciones y recursos en un plazo máximo de un año. La decisión se conoce luego del fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la entidad creada en el gobierno anterior, según el extracto publicado por El Tiempo.
La cartera fue una de las apuestas políticas y administrativas del gobierno de Gustavo Petro, concebida para articular políticas de género, equidad racial y derechos de las poblaciones históricamente marginadas. Tras su creación en 2023, asumió funciones que antes cumplían otras dependencias, lo que implicó un reordenamiento interno del Estado.
Con la orden de liquidación, el Ministerio de la Igualdad deja de existir como entidad autónoma. Sus funciones, programas y recursos deberán ser reasignados a otras dependencias del orden nacional durante los próximos doce meses, de acuerdo con el cronograma que defina el Ejecutivo.
Los organismos de control ejercerán un seguimiento preventivo durante todo el proceso de desmonte administrativo. Esa veeduría busca garantizar que la transición se haga con transparencia y que los recursos públicos destinados a programas sociales mantengan su trazabilidad hasta ser entregados a las entidades que los reciban.
El proceso plantea varios retos operativos. Programas dirigidos a mujeres, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y población LGBTI dependen hoy de esa cartera y deberán encontrar nuevas dependencias responsables. También están en juego contratos vigentes, planta de personal y convenios con territorios.
Para los ciudadanos, la transición abre un periodo de incertidumbre sobre la continuidad de las políticas de igualdad. Organizaciones sociales y de derechos humanos suelen vigilar de cerca estos procesos porque en ellos se decide si los recursos mantienen su enfoque o se diluyen en otras dependencias.
La Corte Constitucional, al emitir el fallo que dio origen a esta decisión, cuestionó aspectos formales y competenciales del ministerio. Esa sentencia es la que activa el camino jurídico para la liquidación y la redistribución ordenada ahora por el Gobierno de De la Espriella.
Queda pendiente conocer el decreto específico con el cronograma, las entidades que asumirán cada función y el destino de los recursos asignados al ministerio liquidado. El plazo de un año marca el calendario con el que deberán medirse los organismos de control en su tarea de seguimiento.