El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno revisará la totalidad de las fotomultas registradas en Colombia. La declaración, reportada por Valora Analitik, abre un proceso de verificación sobre más de 40.000 comparendos impuestos por ese mecanismo.
Las fotomultas son sanciones de tránsito que se aplican de manera automática a partir de cámaras y sensores instalados en vías urbanas y carreteras. En Colombia, el sistema ha funcionado como una herramienta de control vial desde hace más de una década, aunque ha sido objeto de críticas por su masificación y por la carga económica que representa para los conductores.
La revisión ordenada por el Ejecutivo apunta a examinar la procedencia, el procedimiento y la legalidad de cada comparendo. Aunque el anuncio no detalla aún los criterios técnicos de la auditoría, sí compromete al Gobierno a una intervención directa sobre un volumen de sanciones que afecta a miles de ciudadanos en todo el país.
Para los conductores, la medida abre la puerta a eventuales anulaciones o ajustes de comparendos ya notificados. Los recursos económicos que los ciudadanos han debido pagar por estas multas representan un componente significativo del presupuesto de las autoridades de tránsito territoriales y nacionales.
Desde el punto de vista institucional, la revisión pone la lupa sobre el papel de los organismos de tránsito y de las concesiones que operan los sistemas de detección. El país cuenta con un marco legal que incluye el Código Nacional de Tránsito y normas complementarias, las cuales regulan tanto la imposición como el debido proceso de las sanciones automáticas.
Sectores de la opinión pública han cuestionado en años anteriores la proporcionalidad de las fotomultas, los lugares donde se instalan los equipos y la oportunidad con que se notifican las infracciones. La decisión del Gobierno se inscribe en medio de ese debate, que combina elementos de seguridad vial, justicia tributaria local y derechos de los ciudadanos frente a la administración.
El Ministerio de Transporte y las autoridades territoriales tendrán un rol central en el operativo de revisión. De su capacidad para coordinar dependencias nacionales y municipales dependerá que el proceso se cumpla dentro de plazos razonables y con resultados verificables para los conductores afectados.
Por ahora, el Gobierno no ha precisado un cronograma para la culminación de la revisión. Queda pendiente saber cuántos de los comparendos serán efectivamente anulados, cuántos se ajustarán y bajo qué condiciones deberán los ciudadanos pagar las sanciones que se confirmen dentro del proceso.
La medida marca el inicio de una intervención de alto nivel sobre uno de los sistemas de control más visibles en la vida cotidiana de los colombianos. Su evolución será seguida de cerca por conductores, autoridades locales y por los operadores del sistema de fotodetección.