El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, giró la instrucción de revisar las cámaras de fotomultas que operan en el territorio colombiano, según reportó Valora Analitik. El propósito declarado de la revisión es identificar eventuales fallas o irregularidades que terminen afectando a los ciudadanos con sanciones indebidas.
Las fotomultas son comparendos impuestos con base en equipos electrónicos de registro, usualmente cámaras fijas o móviles, que captan presuntas infracciones de tránsito. Su uso se ha extendido en ciudades y corredores viales como herramienta para controlar excesos de velocidad, cruces en semáforo rojo y otras conductas sancionables.
En los últimos años, distintas voces ciudadanas y de organizaciones de usuarios han señalado dudas sobre la calibración de los equipos, los plazos de notificación y los criterios para determinar la responsabilidad del conductor. Estas quejas suelen centrarse en equipos sin mantenimiento adecuado, errores de geolocalización o imágenes que no permiten identificar al vehículo.
Aunque la orden del Gobierno es de alcance nacional, las cámaras de fotomulta son instaladas y operadas, en la mayoría de los casos, por entidades territoriales o por concesionarios privados contratados por alcaldías y gobernaciones. Esa división de competencias ha hecho que la supervisión técnica y operativa sea fragmentada, y que cada municipio maneje criterios distintos sobre homologación, calibración y oportunidad de las sanciones.
La instrucción de revisar los dispositivos se conoce en un contexto en el que el cobro de infracciones por medios electrónicos es uno de los puntos sensibles para los usuarios de vehículos en el país. Conductores y gremios han pedido reglas más claras y auditorías periódicas sobre los equipos, con el fin de garantizar que las multas correspondan efectivamente a una infracción probada.
De acuerdo con la información publicada por Valora Analitik, el llamado del Gobierno busca evitar precisamente ese tipo de cobros injustos. La revisión, según el anuncio, apunta a que los sistemas cumplan con los requisitos técnicos y legales antes de seguir generando comparendos.
Para los ciudadanos, el efecto práctico de la medida dependerá del tipo de hallazgos que arroje la auditoría. Si se detectan equipos sin calibración o permisos vencidos, esos dispositivos podrían ser suspendidos o retirados del proceso de sanción, lo que abriría la puerta a discusiones sobre la devolución de dineros ya cobrados.
Otro frente que queda sobre la mesa es la necesidad de unificación de criterios. Una revisión de alcance nacional pone en evidencia la diferencia de estándares entre municipios y deja abierta la posibilidad de que el Gobierno impulse reglas comunes para la instalación, operación y verificación de las cámaras de fotomulta.
Por ahora, la instrucción se conoce como un lineamiento general del Ejecutivo. Falta por precisarse qué entidad del orden nacional liderará la revisión, en qué plazos se ejecutará y cómo se informarán los resultados. Esos detalles serán clave para medir si la decisión se traduce en cambios concretos para los conductores en las vías del país.