El fracking vuelve al centro de la discusión energética del país. Según publicó Valora Analitik, el gobierno de Abelardo de la Espriella evalúa una ruta jurídica que le permitiría avanzar con la actividad sin depender de un nuevo proyecto de ley en el Congreso.
La diferencia con intentos anteriores es precisamente esa: en lugar de buscar un debate legislativo, la apuesta sería interpretar el marco normativo vigente para habilitar proyectos de fracturamiento hidráulico. Esa interpretación, de prosperar, abriría la puerta a la exploración y producción de hidrocarburos no convencionales sin pasar por el trámite ordinario en el Capitolio.
Colombia ya tiene un antecedente cercano en este tema. Entre 2020 y 2022 se desarrollaron pilotos de investigación de fracking, uno en el municipio de Puerto Wilches, Santander, a cargo de Ecopetrol, y otro en el Valle Medio del Magdalena. Esos pilotos fueron suspendidos tras decisiones judiciales que cuestionaron aspectos del marco regulatorio y los estudios ambientales asociados.
El debate sobre el fracking en el país ha girado alrededor de dos posturas centrales. Por un lado, sectores del Gobierno anterior, organizaciones ambientales y comunidades han pedido mantener la prohibición, señalando riesgos sobre las fuentes de agua y los ecosistemas. Por otro lado, gremios como la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, así como distintos analistas económicos, han defendido la actividad como una herramienta para reducir la dependencia de las importaciones de gas y sostener las reservas de petróleo.
De acuerdo con el reporte de Valora Analitik, la estrategia jurídica del gobierno se apoyaría en los vacíos que dejaron las decisiones de la Corte Constitucional y en la posibilidad de ajustar la regulación mediante actos administrativos, sin necesidad de una ley estatutaria o ordinaria. Esa interpretación es la que se conoce informalmente como la ruta que evita el Congreso.
La movida tiene implicaciones directas para los ciudadanos. Las regiones con potencial para yacimientos no convencionales, en particular cuencas como la del Valle Medio del Magdalena y la Cesar-Ranchería, podrían ver cambios en la dinámica económica local si se habilitan nuevos proyectos. Al mismo tiempo, comunidades y autoridades ambientales mantienen la expectativa de ser convocadas a los procesos de consulta y evaluación previa.
El sector empresarial también está mirando de cerca el anuncio. Para las compañías operadoras, la posibilidad de retomar actividades exploratorias representaría una señal de certidumbre sobre la inversión de largo plazo en hidrocarburos. Para los importadores y distribuidores de gas, el regreso del fracking podría modificar las proyecciones de autosuficiencia energética del país.
El Ministerio de Minas y Energía, así como Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tendrán un papel clave en la definición de los próximos pasos. La decisión final pasará por la interpretación que hagan esas entidades del marco constitucional y de las sentencias vigentes sobre la materia.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en fase de análisis, según la información de Valora Analitik. Queda pendiente conocer el texto concreto de la estrategia jurídica, las fechas tentativas para su presentación y la posición que adopten la Corte Constitucional y los organismos de control frente a esta nueva ruta.