El gobierno del presidente Abelardo de La Espriella trabaja en un decreto con el que pretende regresar al Consejo de Estado el conocimiento de las tutelas que se presentan contra el presidente de la República. La información fue publicada por la revista Semana y replicada por distintos portales este lunes.
Durante la administración de Gustavo Petro se estableció que esas tutelas llegaban en primera instancia a los jueces de circuito, en lugar de permanecer en la jurisdicción contencioso-administrativa. Con la nueva disposición, el Gobierno busca revertir esa ruta procesal y concentrar nuevamente esos asuntos en el alto tribunal administrativo.
El Consejo de Estado es el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en Colombia y conoce, entre otros asuntos, las acciones contra actos administrativos del Gobierno nacional. Por diseño constitucional, las tutelas contra el presidente suelen pasar por su Sala de lo Contencioso Administrativo, lo que asegura una revisión unificada y especializada en derecho público.
La figura de la tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, permite a cualquier ciudadano proteger sus derechos fundamentales cuando resultan amenazados o vulnerados. Cuando el accionado es el presidente, la competencia del juez de tutela es determinante para fijar el trámite y resolver en primera instancia eventuales conflictos entre el Ejecutivo y los ciudadanos.
El cambio propuesto tiene efectos prácticos sobre los demandantes. Si el decreto entra a regir, las tutelas contra el jefe de Estado dejarían de repartirse entre los distintos jueces de circuito del país y serían asumidas por el Consejo de Estado, lo que reduce la dispersión judicial y unifica el criterio sobre los casos que involucran decisiones del más alto nivel del Ejecutivo.
Sectores cercanos al Gobierno han señalado que la medida apunta a dar coherencia al sistema y a evitar decisiones contradictorias en distintas ciudades. Críticos de la decisión anterior argumentaban que enviar esos procesos a los jueces de circuito congestionaba a despachos locales con asuntos de alcance nacional y generaba respuestas heterogéneas sobre temas sensibles.
El decreto todavía no ha sido firmado ni publicado, según lo reportado por la fuente. Una vez expedido, deberá pasar por el trámite de revisión y firma del presidente De La Espriella y, posteriormente, por el proceso ordinario de socialización. Hasta tanto no se conozca el texto definitivo, no es posible anticipar los alcances puntuales de la norma ni el calendario de transición para los procesos en curso.
Queda pendiente conocer el contenido del articulado, su exposición de motivos y el impacto sobre las tutelas que actualmente se tramitan en los juzgados de circuito. También está por definirse si la norma incluirá reglas de transición para los expedientes ya repartidos, un aspecto clave para los accionantes que esperan una decisión de fondo.
La decisión se inscribe en la línea de ajustes normativos que el nuevo gobierno viene promoviendo desde el inicio de su gestión, con el propósito de reorganizar competencias administrativas y judiciales en áreas sensibles. La tutela, por su naturaleza breve y preferente, suele ser escenario de las primeras definiciones de cada administración sobre el alcance de los derechos frente al Ejecutivo.