El Gobierno nacional puso sobre la mesa una reforma al protocolo que define cómo las autoridades deben actuar durante las manifestaciones ciudadanas. La propuesta, reportada por Tubarco News, plantea cinco niveles escalonados de actuación y nuevas reglas para los casos en que las marchas deriven en hechos violentos.
El protocolo de protesta es el documento que establece los lineamientos que deben seguir la Fuerza Pública, las autoridades locales y los organismos de derechos humanos ante una movilización social. En Colombia, el tema ha sido especialmente sensible desde las jornadas de 2019 y 2021, que dejaron un saldo de decenas de civiles fallecidos y cientos de heridos, además de cuestionamientos a la actuación de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Según el extracto publicado por Tubarco News, la iniciativa incluye cinco niveles de actuación, lo que sugiere una respuesta gradual de las autoridades según la gravedad de los hechos. La propuesta también incorpora reglas para intervenir ante hechos violentos, un punto que históricamente ha generado debate entre quienes defienden el derecho a la protesta y quienes piden mayor firmeza frente a bloqueos, vandalismo y afectaciones a terceros.
Organizaciones de derechos humanos y plataformas de sociedad civil suelen advertir que cualquier modificación al protocolo debe respetar estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la protección de quienes se manifiestan pacíficamente. También suelen pedir que los protocolos incluyan mecanismos claros de rendición de cuentas cuando se reporten excesos.
La discusión llega en un momento en el que distintos sectores han reclamado reglas más claras para garantizar tanto la protesta pacífica como el funcionamiento de las ciudades. gremios económicos, transportadores y autoridades locales han pedido en otras ocasiones protocolos que limiten bloqueos prolongados de vías, mientras que estudiantes, indígenas y sindicatos han exigido que no se criminalice la movilización.
La propuesta, de ser radicada formalmente, deberá surtir un proceso de revisión con conceptos de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la propia Policía Nacional. En Colombia, los protocolos de este tipo suelen expedirse mediante decretos o directivas ministeriales, por lo que su contenido definitivo podría variar tras esas instancias.
Por ahora, la ciudadanía y los distintos actores sociales esperan conocer el texto completo de la propuesta para evaluar si los cinco niveles de actuación equilibran la garantía del derecho a protestar con la protección de los derechos de los demás ciudadanos. El Gobierno no ha detallado, según el extracto disponible, los criterios específicos que activarán cada nivel ni las sanciones asociadas.
La discusión sobre el protocolo de protesta reabre un debate de fondo: cómo se concilian la libertad de expresión en las calles, la seguridad pública y los estándares internacionales de derechos humanos. El desenlace de esta propuesta marcará la pauta sobre cómo el Estado colombiano enfrentará las próximas jornadas de movilización.