El Gobierno nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley orientado a simplificar los trámites que deben cumplir las empresas para constituirse, operar y hacer inversiones en el país. La iniciativa fue reportada por Valora Analitik, que destacó tres ejes centrales: un expediente empresarial digital, el establecimiento de plazos para varios procesos y la eliminación de cobros asociados a ciertos procedimientos.
El expediente empresarial digital aparece como la pieza más ambiciosa del proyecto. Se trata de un repositorio único en el que cada compañía podría consultar y entregar la documentación que hoy reparte entre distintas entidades. En la práctica, esto implicaría que un empresario no tenga que llevar la misma información a varias entidades públicas ni repetir trámites cada vez que cambie de municipio o de régimen tributario.
La fijación de plazos para procesos administrativos responde a una demanda recurrente del sector productivo. En Colombia, los trámites para registrar una sociedad, inscribir una marca, obtener licencias o responder a requerimientos de entidades como la DIAN pueden extenderse durante meses sin que el administrado tenga certeza de cuándo obtendrá respuesta. Con plazos definidos, las autoridades tendrían un término concreto para decidir y el ciudadano un límite claro para exigir.
La eliminación de cobros prevista en el proyecto apunta a los derechos de trámite que las entidades cobran por servicios como la expedición de certificados, la inscripción en registros públicos o la realización de consultas. Aunque muchos de esos cobros son menores, sumados encarecen la formalización, en especial para los pequeños negocios y los emprendedores que recién comienzan su actividad.
El proyecto se inscribe en una línea de reformas que distintos gobiernos han intentado desde la creación del SUIT, el sistema que agrupa los trámites del Estado, y de la Ley Antitrámites de 2019. La diferencia es que esta propuesta llega con instrumentos más concretos: una ventanilla única digital, plazos en días calendario y supresión explícita de tasas que hoy aparecen en el inventario normativo.
Para el ciudadano de a pie y para las micro y pequeñas empresas, el efecto esperado es una reducción en el tiempo y en el dinero que deben invertir para abrir un negocio, formalizarlo o ajustarlo a nuevas condiciones. Sectores como el comercio, la gastronomía y los servicios profesionales, donde la rotación de empresas es alta, suelen ser los más sensibles al costo de los trámites.
La iniciativa también tiene lectura en el frente de la inversión. Cuando un país tarda meses en resolver una solicitud de licencia o un registro, los proyectos grandes se repliegan o buscan jurisdicciones vecinas. Con plazos ciertos y un expediente verificable, la señal que se envía al inversionista, tanto nacional como extranjero, es que el Estado colombiano puede responder dentro de un calendario predecible.
La radicación marca el inicio del trámite legislativo. El texto pasará a estudio de las comisiones económicas del Congreso, donde deberá surtir debates, audiencias con gremios y posibles modificaciones antes de llegar a las plenarias de Senado y Cámara. Gobierno, sectores productivos y congresistas tendrán la palabra en las próximas semanas para ajustar el contenido del proyecto.
Queda por verse cómo se concilian tres tensiones previsibles: la autonomía territorial, porque municipios y departamentos administran buena parte de los registros; la situación fiscal de las entidades, que hoy financian parte de su funcionamiento con los derechos de trámite; y la capacidad técnica para poner en marcha el expediente digital en un país donde persisten zonas con acceso limitado a internet y a la conectividad.
Por ahora, el dato concreto es que el proyecto ya fue radicado y que su contenido, según la fuente, gira alrededor de tres frentes: expediente digital, plazos y eliminación de cobros. El Congreso tendrá la responsabilidad de discutir si esas herramientas son suficientes para destrabar la inversión que el Gobierno dice buscar con esta ley.