El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella reafirmó ante el Congreso de la República su compromiso con un nuevo plan de fumigación de cultivos de uso ilícito, según informó El Universal. El anuncio fue realizado por el abogado Iván Cancino durante una sesión del legislativo, lo que convierte al Congreso en el escenario formal de esta ratificación.
La noticia reabre un debate de vieja data en Colombia sobre los métodos para enfrentar los cultivos de coca, amapola y marihuana. Durante años, el país alternó entre la aspersión aérea con glifosato, suspendida en 2015, y la erradicación manual, que se convirtió en la política predominante por decisión de la Corte Constitucional y de organismos internacionales que pidieron evaluar los impactos del químico en la salud y el ambiente.
El regreso de la fumigación aérea, que en el pasado estuvo a cargo de la Policía Antinarcóticos y de empresas contratistas, implicaría una restructuración operativa y un nuevo marco regulatorio. El Gobierno no ha detallado aún si la aspersión se haría con glifosato o con otro compuesto, ni cuáles serían las zonas priorizadas, los protocolos de protección a comunidades ni los mecanismos de control.
La ratificación en el Congreso sugiere que el Ejecutivo buscará respaldo político y, eventualmente, ajustes normativos o presupuestales para ejecutar el plan. Sectores cercanos al tema han señalado en otras oportunidades que cualquier programa de fumigación masiva debe considerar los efectos sobre la biodiversidad, las fuentes hídricas y la salud de las poblaciones rurales.
Para los cultivadores y habitantes de regiones como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Catatumbo, la noticia genera expectativa e incertidumbre. Estas zonas han convivido con la presencia de cultivos de uso ilícito y con operativos de seguridad, y cualquier cambio en la estrategia antinarcóticos impacta de manera directa su vida cotidiana, su economía local y su relación con el Estado.
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas han reclamado históricamente ser consultadas antes de cualquier operativo de aspersión. La Constitución y el Convenio 169 de la OIT obligan al Estado a adelantar procesos de consulta previa con pueblos étnicos cuando las decisiones administrativas los afectan de forma directa, lo que se convierte en un punto clave del debate.
En el plano internacional, Colombia rinde cuentas sobre su política de drogas ante organismos como la ONU y la JIFE. El eventual regreso del glifosato o de cualquier otro agente químico pondría al país en el centro de la discusión global sobre la efectividad de la fumigación frente a alternativas de desarrollo rural, sustitución de cultivos y estrategias de seguridad.
Por ahora, el Gobierno se limita a ratificar la voluntad política de avanzar en un plan de fumigación. Quedan pendientes decisiones técnicas, jurídicas y presupuestales que determinarán si el anuncio se traduce en operativos concretos y bajo qué condiciones se ejecutarían, aspectos sobre los cuales el Ejecutivo aún no ha entregado detalles públicos.