El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, confirmó que reactivará la exploración y producción de hidrocarburos mediante la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida como fracking. La información fue publicada por El Tiempo, que también recogió reacciones de distintos gremios económicos que aplaudieron la determinación.
El fracking es una técnica que permite extraer gas y petróleo de yacimientos no convencionales, es decir, de formaciones rocosas de baja permeabilidad donde los métodos convencionales no llegan. En Colombia, la discusión sobre su uso ha estado abierta durante la última década y se intensificó tras los estudios que la entidad ambiental entregó en años recientes sobre los impactos de esta tecnología.
Según El Tiempo, varios gremios del sector mineroenergético celebraron la noticia, al considerar que esta técnica es clave para aumentar las reservas de gas y petróleo del país. Para estas agremiaciones, la decisión abre una puerta a la inversión, a la generación de empleo en regiones apartadas y a la posibilidad de reducir la dependencia de importaciones de combustibles.
El anuncio llega en un contexto marcado por la caída de las reservas probadas de hidrocarburos y por la necesidad de asegurar el abastecimiento energético interno. Colombia atraviesa coyunturas en las que la producción de gas ha bajado y la importación se ha incrementado, lo que ha puesto presión sobre las tarifas que pagan los hogares y sobre la estabilidad de la oferta industrial.
En el gobierno anterior, la exploración de yacimientos no convencionales estuvo suspendida mientras se surtían estudios técnicos, ambientales y sociales. La decisión del nuevo Gobierno cambia ese rumbo y deja en manos del Ministerio de Minas y Energía, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del Servicio Geológico Colombiano la tarea de definir los próximos pasos regulatorios y contractuales.
La medida también tendrá que surtir los controles ambientales a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la entidad competente para evaluar los estudios de impacto ambiental de cada proyecto. Los proyectos piloto de investigación que se adelantaron en el pasado dejaron conclusiones técnicas que ahora forman parte de la línea base con la que se deberán contrastar las nuevas solicitudes.
Sectores ambientalistas y algunas comunidades han expresado en otras oportunidades su preocupación por los efectos del fracking sobre las fuentes de agua, la calidad del aire y la actividad sísmica inducida. El debate sobre esos puntos queda nuevamente sobre la mesa, ahora bajo un marco institucional que tendrá que pronunciarse sobre cada solicitud puntual.
En el plano regional, departamentos con potencial de yacimientos no convencionales, como Santander, Boyacá, Cesar y La Guajira, podrían verse directamente afectados por la decisión. Las expectativas de inversión y empleo contrastan con los reclamos históricos de comunidades que han pedido garantías de consulta previa, veeduría ciudadana y manejo transparente de los recursos que genere la actividad.
Quedan pendientes varios pasos antes de que se reactive la actividad en la práctica. El Gobierno deberá precisar el marco regulatorio, el esquema de contratos con el sector privado y los mecanismos de seguimiento ambiental y social. El Congreso, por su parte, podría evaluar si la decisión requiere ajustes legales adicionales, mientras la Rama Judicial mantiene a su cargo procesos relacionados con la materia.
Por ahora, el anuncio marca un giro en la política energética del país. La reactivación del fracking, respaldada por los gremios y acompañada de interrogantes ambientales y sociales, será una de las decisiones que marcaran el arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella y uno de los ejes del debate público en las próximas semanas.