La propuesta, conocida por Portafolio, busca definir antes del 15 de noviembre una ruta para incorporar blockchain a la contratación estatal. La idea apunta a blindar los cerca de 174,8 billones de pesos que el Estado colombiano mueve cada año en contratos públicos, según la iniciativa recibida por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
El Plan de Alimentación Escolar aparece como el primer candidato para servir como prueba piloto. El PAE es uno de los programas sociales con mayor cobertura del país, porque llega a millones de estudiantes en zonas urbanas y rurales. Su cadena de compras incluye alimentos, transporte, almacenamiento y personal, lo que lo convierte en un foco sensible de posibles irregularidades. Por eso, aplicar allí un sistema de trazabilidad tendría un valor demostrativo alto.
Blockchain es una tecnología de registro distribuido. Permite que cada transacción quede asentada en una base de datos que no se puede alterar sin dejar huella. En teoría, su uso en contratación permitiría seguir cada paso de un proceso: la publicación del pliego, la oferta, la adjudicación, la firma, los pagos y las entregas. Así, cualquier ciudadano o entidad de control podría revisar la cadena completa sin depender de un solo intermediario.
La contratación pública es históricamente uno de los puntos más sensibles de la gestión estatal en Colombia. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría han reiterado que allí se concentran buena parte de los casos de corrupción y detrimento patrimonial. Por años, el país ha intentado controles cruzados entre esas entidades y el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop. La propuesta recibida por el gobierno se inscribe en esa misma línea, pero con un componente tecnológico nuevo.
Para los ciudadanos, el interés es directo. La mayor parte del presupuesto nacional se ejecuta a través de contratos: obras de infraestructura, dotación de hospitales, alimentación escolar, seguridad y servicios. Cualquier avance en transparencia, en la práctica, puede significar que esos recursos lleguen mejor a su destino. También fortalece la confianza en las instituciones, golpeada por escándalos reiterados.
Desde el sector privado, la posibilidad de blockchains públicos en contratos ha generado expectativa. Si la información queda registrada de forma inmutable, las empresas que compiten por licitaciones podrían tener más seguridad jurídica. Al mismo tiempo, surgen preguntas técnicas: quién opera la red, qué entidad la audita, cómo se protege la información sensible y qué pasa con los operadores pequeños que no usan estas herramientas.
La propuesta incluye un plazo concreto: antes del 15 de noviembre se quiere tener lista la ruta de implementación. Ese cronograma deja pocas semanas para definir la tecnología, los estándares y la articulación con el Secop y con los órganos de control. También obliga a decidir si blockchain reemplazará, complementará o convivirá con los sistemas actuales de seguimiento contractual.
Quedan pendientes varios puntos sensibles. Falta precisar el costo del proyecto, quién asumirá la operación y la capacitación a las entidades territoriales, muchas de ellas con capacidades tecnológicas limitadas. También se debe resolver cómo se interoperará con bases de datos existentes y con los reportes que ya exigen la Contraloría y la Procuraduría. Por ahora, lo que está sobre la mesa es una intención formal y un calendario corto, a la espera de que el gobierno la adopte y la reglamente.