El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, salió en defensa del gremio transportador que venía protestando por un nuevo cobro en el puerto de Buenaventura, según reportó la Revista Semana. La decisión del Ejecutivo marca un giro en la discusión sobre los costos logísticos en el principal puerto colombiano sobre el Pacífico.
Buenaventura concentra cerca del 60 por ciento del comercio marítimo del país y es la puerta de entrada y salida de buena parte de las importaciones y exportaciones colombianas. Cualquier modificación en las tarifas de cargue, descargue o uso de la zona portuaria tiene efectos directos sobre los precios que pagan los consumidores y sobre la competitividad de los productos nacionales en el exterior.
El gremio transportador había alzado su voz de protesta al argumentar que el nuevo cobro significaba un aumento de los precios para el país. Los transportadores sostienen que los sobrecostos en el puerto terminan trasladándose a toda la cadena productiva, desde los alimentos hasta los insumos industriales, pasando por los combustibles.
La posición fijada por el gobierno de De La Espriella, según la fuente, busca darle un espaldarazo público a los transportadores en medio de la negociación. El Ejecutivo reconoció los reclamos del sector y se pronunció sobre la legitimidad de las protestas, en un intento por mediar en un conflicto que amenaza con afectar el flujo comercial por el Pacífico.
Las tarifas portuarias en Buenaventura son reguladas por la Superintendencia de Transporte y la Comisión de Regulación de Transporte, y cualquier cambio suele pasar por estudios técnicos y consultas con los actores de la cadena logística. El nuevo cobro que motivó la protesta había encendido las alarmas entre pequeños transportadores, quienes aseguran que los márgenes de ganancia ya son ajustados.
Para los ciudadanos de a pie, una disputa de este tipo no es solo un asunto gremial. Un aumento en los fletes o en las tasas portuarias puede traducirse en productos más caros en las plazas de mercado, en los supermercados y en las tiendas de barrio. Valle del Cauca, Cauca y Nariño son los departamentos más expuestos a los efectos de cualquier alteración en la operación de Buenaventura.
La Revista Semana no publicó detalles adicionales sobre el mecanismo exacto del cobro ni sobre las cifras del aumento denunciado por los transportadores. Tampoco se conocieron, por ahora, los plazos que se dará el gobierno para resolver el desacuerdo o si habrá mesas de trabajo formales con todos los actores involucrados.
Lo que queda en el aire es si la intervención del gobierno de De La Espriella se traducirá en una revisión del cobro o en un simple acompañamiento político al gremio. Por ahora, la posición oficial conocida es de respaldo a los transportadores y de reconocimiento de sus preocupaciones frente al impacto en los precios para el país.