El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella retiró la designación de Salvatore Mancuro como gestor de paz, según informó el diario El Expreso. La medida se adoptó mediante la derogatoria de la Resolución 244 de 2023, el acto administrativo que había servido de soporte para su rol en la política de sometimiento a la justicia.
La figura de gestor de paz fue creada por el Gobierno anterior como un instrumento para que exlíderes armados, ya desmovilizados o en proceso de sometimiento, contribuyeran a la desarticulación de estructuras criminales y a la reparación de víctimas. Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, había sido designado bajo ese esquema, que le permitía intervenir en procesos de paz sin perder su condición de condenado por graves violaciones a los derechos humanos.
Con la derogatoria de la resolución, el Ejecutivo elimina el andamiaje jurídico que respaldaba la participación del exjefe paramilitar en esa labor. La decisión implica que Mancuso deja de ejercer funciones oficiales como facilitador ante grupos armados y pierde el marco institucional que amparaba sus aportes en regiones donde mantiene influencia o conocimiento de estructuras sucesoras del paramilitarismo.
La determinación ocurre en un momento sensible para la política de seguridad del nuevo gobierno, que ha privilegiado un enfoque de mano firme contra las organizaciones criminales y un componente de sometimiento condicionado al reconocimiento temprano de responsabilidad. La salida de Mancuso del rol de gestor se inscribe en esa línea y marca una ruptura con el modelo aplicado durante la administración anterior.
Para las víctimas y los procesos de justicia transicional, el retiro abre interrogantes sobre la continuidad de las contribuciones que el exjefe paramilitar venía realizando a distintas investigaciones y a la localización de personas desaparecidas. También desplaza el centro de gravedad de la estrategia hacia los canales ordinarios de la justicia y hacia los instrumentos definidos en la Ley 2272 de 2022, conocida como ley de sometimiento.
Desde el ámbito político, distintos sectores han reaccionado a la decisión. Mientras organizaciones de víctimas pidieron que se aclaren los compromisos pendientes, voces afines al nuevo gobierno celebraron la medida como una señal de coherencia con el discurso de mano firme. En el otro extremo, sectores que defienden el modelo de gestores argumentaron que el retiro reduce la capacidad del Estado de acceder a información sobre las estructuras armadas.
Queda por definir el estatus judicial y penitenciario de Mancuso, que cumple condenas en Colombia y tenía a su cargo procesos de Justicia y Paz. El Gobierno no ha detallado si la derogatoria de la resolución modificará las condiciones de su reincorporación a la justicia ordinaria o si abrirá la puerta a eventuales extradiciones o nuevos juzgamientos en el marco de las leyes vigentes.