El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, según reportó la Agencia de Periodismo Investigativo. Mancuso había recibido esa figura durante el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la llamada política de paz total que buscaba abrir canales de diálogo con distintos actores armados y reinsertar a excombatientes en la vida legal.
La figura de gestor de paz fue creada por la legislación colombiana como una herramienta para que personas vinculadas a antiguos procesos de justicia y paz pudieran contribuir a la desmovilización, la reconciliación y la construcción de confianza en territorios golpeados por el conflicto. Su otorgamiento implica una especie de suspensión parcial de la persecución penal a cambio de colaboración efectiva con las autoridades y las víctimas.
Mancuso fue uno de los comandantes más conocidos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar que se desmovilizó parcialmente entre 2003 y 2006. Tras su paso por la justicia de Estados Unidos y su regreso al país, su papel se convirtió en un punto sensible para el debate sobre verdad, reparación y no repetición, y generó opiniones divididas entre víctimas, operadores judiciales y organizaciones de derechos humanos. Algunos sectores consideran que su aporte a la verdad es indispensable; otros cuestionan los beneficios jurídicos recibidos.
La decisión del gobierno de De la Espriella se conoce en un contexto de revisión de los compromisos heredados de la política de paz total. La administración Petro extendió esa política a múltiples estructuras, incluidas disidencias, el ELN y organizaciones criminales con voluntad de sometimiento, pero dejó varios expedientes abiertos al momento de la transición de mando. El retiro de la condición de gestor de paz deja a Mancuso bajo el régimen ordinario de la justicia, lo que reabre la discusión sobre su situación procesal.
Para las víctimas del paramilitarismo, el cambio tiene implicaciones directas. La revocatoria de la figura podría modificar el ritmo de las versiones voluntarias que Mancuso ha rendido en el marco de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como su rol como facilitador de diálogos con estructuras armadas en zonas donde mantiene influencia. Organizaciones de víctimas han reclamado, en distintos momentos, que la colaboración sea verificable y no se traduzca en beneficios sin aportes concretos.
En el plano institucional, la decisión deja en evidencia la distancia entre la filosofía de la paz total impulsada por Petro y el enfoque que la nueva administración parece adoptar frente a los exjefes paramilitares. Sectores del establecimiento venían pidiendo mayor rigurosidad en la entrega de información sobre desaparecidos, despojo de tierras y financiadores del paramilitarismo, mientras que voces cercanas al proceso pedían mantener la figura para no romper los canales de diálogo.
El retiro de la designación no implica, por sí mismo, un cambio en los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de justicia transicional, pero sí redefine la posición del gobierno frente a un actor clave del conflicto armado. Expertos en derecho internacional han señalado que el manejo de los antiguos jefes paramilitares debe respetar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición ratificados por Colombia en distintos tratados.
Quedan varios interrogantes abiertos: si Mancuso continuará entregando información sobre la estructura paramilitar, cómo se articulará su colaboración con la JEP ahora sin la figura de gestor de paz, y si esta decisión marca el inicio de una revisión más amplia de los expedientes de otros exjefes desmovilizados. El gobierno no ha detallado aún si la medida se acompañará de nuevas solicitudes a la Jurisdicción Especial para la Paz o a la Comisión de la Verdad.
Por ahora, la decisión sitúa a Mancuso en una posición de mayor vulnerabilidad jurídica, pero también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: qué incentivos ofrece el Estado colombiano a quienes se acojan a procesos de paz, y bajo qué condiciones esos incentivos se mantienen o se retiran. La respuesta a esa pregunta marcará, en buena medida, el rumbo de los próximos diálogos con estructuras armadas en los territorios.