La administración del presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha una revisión de los recursos públicos asignados a programas territoriales. Según informó Revista Semana, la decisión responde a alertas por baja ejecución presupuestal y por eventuales irregularidades en el manejo de esos fondos.
El examen se concentra en dos entidades clave. La primera es la Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de ejecutar proyectos de desarrollo en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. La segunda es la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que lidera la política de transición de familias cultivadoras hacia economías lícitas.
Ambas entidades manejan presupuestos significativos y operan en regiones donde la presencia del Estado ha sido limitada. Por eso, cualquier anomalía en su ejecución tiene repercusiones directas sobre comunidades campesinas, excombatientes en proceso de reincorporación y familias dedicadas a la sustitución voluntaria de coca.
La ART fue creada para articular obras de infraestructura, reactivación económica y recuperación ambiental en municipios priorizados por el Acuerdo de Paz de 2016. La Dirección de Sustitución, por su parte, hace parte de la estrategia del Plan de Manejo Integral de Cultivos Ilícitos y trabaja con familias que suscribieron acuerdos de sustitución voluntaria.
La advertencia sobre baja ejecución indica que buena parte de los recursos asignados no se habrían traducido en obras, pagos o entregas concretas a las comunidades. Esta situación suele encender alertas en la Contraloría y en los órganos de control, que vigilan el cumplimiento de los compromisos pactados.
Para los habitantes de las zonas afectadas, la revisión puede traducirse en dos escenarios. En el corto plazo, una pausa en giros o contratos mientras se adelantan las pesquisas. En el mediano plazo, la posibilidad de que se corrijan cuellos de botella y se aceleren proyectos detenidos por años.
Desde el gobierno se ha señalado que el objetivo de la revisión es garantizar transparencia y resultados en regiones que han esperado durante décadas inversión efectiva. Sectores políticos y sociales han pedido, en distintas oportunidades, que las entidades territoriales y nacionales rindan cuentas sobre la ejecución de la paz territorial.
Quedan pendientes varios frentes. Aún no se conoce públicamente el monto exacto que se está examinando, ni los contratos o convenios específicos bajo la lupa. Tampoco se ha detallado si la revisión abrirá investigaciones formales o si derivará en ajustes administrativos dentro de las dos entidades involucradas.
El pronunciamiento se conoce en un momento en que la opinión pública exige mayor trazabilidad del gasto público. Las regiones donde operan la ART y la Dirección de Sustitución estarán atentas a los siguientes anuncios del gobierno sobre los hallazgos y las decisiones que se adopten a partir de esta revisión.
La cobertura periodística completa de este anuncio puede consultarse en la publicación original de Revista Semana, que reportó los detalles sobre la decisión del gobierno De La Espriella.