La administración de Abelardo de la Espriella tomó la decisión de revisar la reforma pensional que el gobierno de Gustavo Petro impulsó durante su mandato. Según informó Revista Semana, la nueva Casa de Nariño evalúa modificaciones de fondo al texto aprobado, en lo que sería uno de los primeros giros en materia social del nuevo periodo presidencial.
La reforma pensional del gobierno Petro fue una de las apuestas sociales más ambiciosas de la administración saliente. La norma cambió el modelo de ahorro individual por un sistema de pilares con componentes de solidaridad, contributivo y de ahorro voluntario. La transición quedó contemplada para distintos rangos de edad y semanas cotizadas, lo que generó amplio debate entre el Gobierno, las AFP, los sindicatos y los gremios económicos.
El sector financiero, en particular las administradoras de fondos de pensiones, fue uno de los más críticos del proyecto original. Argumentaron que la reforma afectaba la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores y trasladaba riesgos al Estado. Los defensores de la iniciativa, en cambio, la presentaron como una herramienta para reducir la desigualdad en la vejez y ampliar la cobertura entre los adultos mayores que no logran pensión.
De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la propuesta de modificación buscaría justamente ajustar esos puntos sensibles. Aunque el extracto de la fuente no detalla los artículos concretos que se tocarían, sí anticipa que el cambio apunta a revisar el equilibrio entre el componente público y el privado del sistema, un debate que quedó abierto durante la discusión legislativa.
La decisión tiene implicaciones directas para millones de colombianos. Los trabajadores mayores de cierta edad, las mujeres vinculadas al sistema y quienes están próximos a pensionarse hacen parte de la población que más atención presta al trámite. Cualquier modificación en los plazos de transición o en las condiciones de elegibilidad podría alterar las decisiones de ahorro y de continuidad de aportes que ya tomaron ciudadanos y empresas.
Desde el punto de vista institucional, el ajuste pensional obligaría a un nuevo debate en el Congreso de la República. La reforma anterior contó con un largo recorrido en la Cámara de Representantes y en el Senado, donde obtuvo mayorías para su aprobación. Una modificación de fondo requeriría nuevamente consensos con las bancadas, que ya mostraron posiciones divergentes durante el trámite original.
El contexto fiscal también pesa en la discusión. El sistema pensional colombiano arrastra pasivos por obligaciones de Colpensiones y por los pagos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Cualquier modificación al esquema actual debe considerar el impacto en las cuentas públicas, un aspecto que fue reiterado por técnicos del Ministerio de Hacienda durante la discusión del proyecto original.
Para los usuarios del sistema el mensaje central es que habrá un periodo de transición mientras se aclaran los cambios. Mientras no se radique formalmente un nuevo proyecto, las reglas vigentes del sistema mixto aprobado en la reforma anterior se mantienen, con sus componentes de prima media y ahorro individual en las proporciones fijadas por la ley.
La administración De La Espriella no se ha pronunciado en detalle sobre los puntos concretos que modificarían. Lo que se conoce, según Revista Semana, es que la revisión ya está en marcha y que marcaría la postura del nuevo gobierno frente a un tema que divide a sectores políticos, económicos y sociales. Queda pendiente conocer el texto que se presentará al Congreso y el calendario que se trazará para su discusión.