El Gobierno nacional dejó sin efectos la prohibición vigente sobre la aspersión aérea con glifosato dirigida a cultivos de uso ilícito. La decisión se conoce tras una determinación del Ejecutivo que modifica el marco que había restringido esa práctica durante los últimos años, según reportó La FM.
La aclaración clave es que el levantamiento de la prohibición no equivale a una reactivación inmediata del programa. El reinicio efectivo depende del cumplimiento de los requisitos que estableció la Corte Constitucional en sus pronunciamientos sobre la fumigación con esta sustancia, tal como lo advirtió la fuente al citar el alcance del fallo.
La aspersión aérea con glifosato fue suspendida en Colombia en 2015, en el marco del proceso de paz con las Farc. El entonces presidente Juan Manuel Santos ordenó su terminación tras alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos del herbicida en la salud humana. Desde entonces, la fumigación con glifosato quedó condicionada al cumplimiento de criterios técnicos fijados por el alto tribunal.
En la práctica, el uso del glifosato se rige por la Sentencia T-236 de 2017 y por autos posteriores de seguimiento. La Corte exigió, entre otros, un protocolo de protección a comunidades vulnerables, estudios de impacto ambiental y la coordinación con las autoridades locales antes de reanudar cualquier fumigación. Esos son los requisitos que el Gobierno debe acreditar para volver a operar el programa.
La determinación del Ejecutivo abre un nuevo capítulo en una política que ha sido objeto de intenso debate. Sectores rurales han pedido retomar la aspersión como herramienta para contener el avance de los cultivos ilícitos. Organizaciones ambientales y de derechos humanos, en cambio, han advertido sobre los riesgos sanitarios y ambientales del herbicida y han reclamado alternativas de sustitución voluntaria.
Para la ciudadanía, el impacto inmediato es limitado: ningún cultivo será fumigado mientras no se surtan los pasos judiciales y técnicos. Pero el cambio marca un giro en la política de drogas del gobierno de Abelardo de la Espriella, que hasta ahora había mantenido restricciones a la fumigación aérea y había privilegiado la erradicación manual.
La siguiente tarea del Gobierno será demostrar ante la Corte Constitucional que las condiciones fijadas por el alto tribunal están garantizadas. Hasta que eso ocurra, la aspersión aérea seguirá sin ejecutarse, aunque la prohibición formal ya no esté vigente. El paso queda sujeto al concepto del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional.
El debate, mientras tanto, se traslada al Congreso y a las regiones. Autoridades locales, especialmente en zonas cocaleras de Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo, deberán pronunciarse sobre el eventual reinicio del programa. La Defensoría del Pueblo y los Ministerios de Salud y Ambiente tendrán además un papel clave en la verificación de los protocolos antes de cualquier operación.