El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella derogó la resolución que desde 2015 ordenaba suspender la aspersión con glifosato contra los cultivos ilícitos en Colombia, según informó El Heraldo. Con la derogación, queda sin piso normativo el freno que había paralizado las fumigaciones aéreas durante casi una década.
La resolución original fue expedida en 2015 por el Ministerio de Salud, en un contexto de presiones internacionales y cuestionamientos sobre los efectos del glifosato en la salud de las comunidades y los ecosistemas. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud clasificó el herbicida como probable carcinógeno para los seres humanos, lo que reforzó la decisión de suspender las operaciones.
Colombia había recurrido a la aspersión aérea con glifosato como una de las herramientas centrales de su política contra los cultivos de coca, junto con la erradicación manual y los programas de sustitución voluntaria. Tras la suspensión, el peso de la estrategia recayó sobre la erradicación manual, que en los años siguientes mostró resultados limitados frente al crecimiento sostenido de las hectáreas sembradas.
La decisión del Ejecutivo reabre un debate que combina argumentos de política de drogas, salud pública y protección ambiental. Sectores que respaldan la aspersión sostienen que es una herramienta eficaz para reducir la oferta de coca y contener el fenómeno del narcotráfico, que alimenta la violencia en regiones rurales. Organizaciones sociales y ambientales han expresado de forma reiterada su preocupación por los impactos del químico en fuentes de agua, suelos y poblaciones campesinas e indígenas.
Según la fuente, la derogación allana el camino para que las autoridades competentes reactiven los protocolos operativos necesarios para retomar las fumigaciones. La definición de esos protocolos y de las condiciones técnicas de aplicación queda ahora en manos de los ministerios y entidades involucradas en la lucha antinarcóticos.
Para los habitantes de los municipios más afectados por los cultivos de uso ilícito, la noticia introduce un nuevo escenario de incertidumbre. Las comunidades han pedido históricamente ser consultadas antes de cualquier fumigación y han reclamado alternativas de sustitución que garanticen su sustento. La forma en que el gobierno articule la aspersión con esos programas será clave para la reacción en los territorios.
La medida también se proyecta sobre la relación de Colombia con sus socios internacionales, en particular con Estados Unidos, que durante años pidió mayor contundencia en la reducción de los cultivos. La cooperación antinarcóticos y el respaldo diplomático suelen estar atados al cumplimiento de metas en la materia, por lo que la decisión podría modificar esa dinámica bilateral.
Quedan pendientes varios puntos que el gobierno deberá resolver en el corto plazo: los criterios técnicos de las fumigaciones, los mecanismos de control ambiental y sanitario, y la articulación con las políticas de sustitución y desarrollo rural. El pulso entre aspersión y erradicación manual volverá a ser eje de la discusión pública sobre cómo enfrenta Colombia el problema de las drogas ilícitas.