Según Caracol Radio, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) con el fin de diseñar una estrategia articulada de prevención frente al cambio climático. La reunión marca el inicio de una línea de trabajo conjunta entre el nivel central y las autoridades ambientales regionales.
Las CAR son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley 99 de 1993, encargados de ejecutar la política ambiental en sus jurisdicciones. Administran los recursos naturales renovables, promueven el desarrollo sostenible y gestionan riesgos como incendios forestales, desabastecimiento de agua y pérdida de biodiversidad. Su autonomía técnica y financiera las convierte en piezas clave de la gestión ambiental en Colombia.
De acuerdo con la fuente, la articulación busca responder de manera preventiva a los efectos del cambio climático, entre ellos el Fenómeno de El Niño, que en ciclos anteriores ha reducido los niveles de los embalses, incrementado las sequías y multiplicado los focos de incendio en regiones como la Amazonia, la Orinoquia y el Caribe. Una respuesta coordinada busca anticiparse a esos escenarios en lugar de atender únicamente la emergencia cuando ya se ha instalado.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las CAR, suele concentrar las acciones en monitoreo hidrológico, restauración de cuencas, control de la deforestación y atención de incendios. Una estrategia preventiva de gran escala depende también de la articulación con gobernaciones, alcaldías y cuerpos de bomberos, por lo que la reunión puede ser la antesala de mesas técnicas en los territorios.
Para la ciudadanía, el impacto se mide en dos frentes. El primero es la protección de los ecosistemas: cuencas hidrográficas, páramos, manglares y bosques que regulan el agua y el clima local. El segundo es la protección de los medios de vida de comunidades campesinas, indígenas y afros, que suelen ser las más afectadas por sequías, inundaciones y pérdidas agrícolas.
La prevención resulta más económica que la atención tardía de los desastres. Estudios del IDEAM y de organismos internacionales han estimado que cada peso invertido en medidas preventivas reduce hasta siete pesos en costos de respuesta y reconstrucción. Por eso, el tipo de articulación anunciada puede traducirse en alertas tempranas, planes de contingencia locales y recursos listos para las regiones más expuestas.
La reunión dejó como tarea pendiente la presentación del plan conjunto, sus metas específicas y el cronograma de ejecución. Gobiernos anteriores han anunciado estrategias similares, por lo que la ciudadanía y los sectores productivos estarán atentos a los resultados concretos: cuánto se invierte, en qué regiones y con qué indicadores se medirá el avance.
También queda por definir cómo se vinculará a los consejos territoriales de gestión del riesgo, a las comunidades organizadas y a los gremios. Sin esa conexión territorial, un plan nacional corre el riesgo de quedarse en el papel. Las próximas semanas serán clave para conocer los detalles del acuerdo entre el gobierno nacional y las CAR.