El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ya completó el borrador del decreto con el que busca regular la protesta social en el país, de acuerdo con lo informado por La Radio Santa Fe. La noticia llega en medio de un debate nacional sobre cómo equilibrar el derecho a la manifestación con las garantías de orden público y seguridad ciudadana.
La protesta es un derecho constitucional reconocido en Colombia y, a la vez, una de las formas más visibles de participación ciudadana fuera del voto. En las últimas décadas, sucesivos gobiernos han expedido normas, circulares y directrices para encadrar su ejercicio, desde protocolos de atención hasta disposiciones sobre uso de la fuerza por parte de la fuerza pública.
Un decreto de esta naturaleza normalmente es firmado por el presidente y sus ministros, y puede tener fuerza regulatoria inmediata sin pasar por el Congreso. Esa característica lo convierte en un instrumento ágil, pero también en una herramienta sensible, porque suele ser revisada de manera detallada por cortes y organismos de control.
La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han fijado desde 2019 reglas claras sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones, con criterios sobre proporcionalidad, diferenciación y respeto a los protocolos. Cualquier nuevo decreto debe observarlas para evitar demandas de inconstitucionalidad.
Para los ciudadanos, el impacto de esta clase de normas se traduce en cómo se desarrollan las marchas, concentraciones y otras formas de expresión pública. También afecta la actuación de la Policía, la Escuadra Móvil Antidisturbios y las autoridades locales durante las jornadas de protesta.
Sectores defensores de derechos humanos suelen pedir que las regulaciones se concentren en proteger a los manifestantes y evitar la violencia. Los gremios económicos y algunos gobiernos locales, en cambio, piden reglas más estrictas para minimizar bloqueos, vandalismo y afectación a la productividad.
El borrador, según La Radio Santa Fe, ya está listo, pero no se conocen públicamente todos los detalles de su articulado. Falta la revisión final en las distintas carteras, la firma presidencial y la publicación en el Diario Oficial para que empiece a regir.
Organizaciones sociales y analistas jurídicos suelen aprovechar el periodo previo a la sanción para pronunciarse y, en muchos casos, solicitar ajustes o audiencias públicas. La expectativa es que el Ejecutivo socialice el texto antes de su expedición definitiva, como ha ocurrido con anteriores intentos de regular este derecho.
Por ahora, lo que se sabe con certeza es que existe un borrador terminado y que el gobierno de la Espriella lo presenta como una respuesta al desafío de mantener la convivencia durante las jornadas de protesta. El contenido exacto y los plazos de expedición serán los próximos datos por confirmar.