El presidente Abelardo de La Espriella firmó la declaración de emergencia económica, una figura contemplada en la legislación colombiana para atender situaciones de calamidad pública que afectan de manera grave la estabilidad del país. La decisión se tomó en respuesta al terremoto que sacudió varias zonas del territorio nacional y que dejó daños materiales en infraestructura, vivienda y servicios públicos, según reportó abceconomia.co.
Como parte de esa declaratoria, el Gobierno creó el Fondo Milagro, un mecanismo de carácter especial orientado a reunir y administrar los recursos que se destinen a la reconstrucción de las zonas damnificadas. El fondo funcionará como una cuenta específica dentro de la estructura presupuestal del Estado y permitirá canalizar aportes de distintas fuentes hacia los municipios y departamentos afectados.
La emergencia económica es una herramienta que la Constitución y la ley prevén para momentos en los que una calamidad pública compromete la vida, la integridad o la economía de la población. Al declararla, el Ejecutivo puede disponer de partidas extraordinarias, agilizar procesos contractuales y coordinar con entidades territoriales la atención de la crisis sin necesidad de pasar por todos los trámites ordinarios del presupuesto nacional.
En la práctica, la declaratoria habilita al Gobierno para reorientar partidas ya existentes, gestionar créditos internos o externos y emitir disposiciones especiales que faciliten la contratación de obras y la compra de insumos para atender la emergencia. También permite articular la respuesta con organismos de atención de desastres, gobernaciones y alcaldías, que suelen ser las primeras instancias en recibir los reportes de daños.
El Fondo Milagro se concibe como el vehículo financiero de toda esa operación. Su creación busca evitar la dispersión de recursos y garantizar que los dineros asignados a la reconstrucción lleguen de manera trazable a los proyectos de reparación de viviendas, vías, acueductos, hospitales y escuelas. La transparencia en el manejo de estos fondos suele ser uno de los puntos sensibles en este tipo de procesos, por lo que la ciudadanía y los organismos de control suelen estar atentos a su ejecución.
Para los habitantes de las zonas afectadas, la prioridad inmediata sigue siendo la atención humanitaria: albergues temporales, suministro de agua potable, alimentos, asistencia médica y restablecimiento de las comunicaciones. La reconstrucción, que es el objetivo de fondo del mecanismo recién creado, suele tomar meses e incluso años, dependiendo de la magnitud de los daños y de la continuidad en la asignación de recursos.
Desde el punto de vista fiscal, declarar la emergencia económica implica un esfuerzo adicional para las cuentas públicas. El Gobierno deberá identificar de dónde saldrán los recursos, si del presupuesto general, de reasignaciones, de créditos o de cooperación internacional. Las calificadoras de riesgo y los analistas económicos suelen seguir de cerca estos anuncios, porque muestran la capacidad del Estado para responder a choques sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
La declaratoria también abre la puerta a que organizaciones internacionales, agencias de cooperación y países amigos canalicen ayuda a través de este fondo, lo cual puede acelerar la reconstrucción. Colombia tiene experiencia previa en el manejo de emergencias de gran escala, como las derivadas del fenómeno de La Niña o de otros sismos, y ha utilizado figuras similares para articular la respuesta con alcaldías y gobernaciones.
Quedan varios temas por definir en los próximos días: la cuantificación precisa de los daños, el cronograma de ejecución del Fondo Milagro, los criterios de priorización de las obras y los mecanismos de veeduría ciudadana y de los órganos de control. El Gobierno tendrá que entregar balances periódicos sobre el avance de la reconstrucción y sobre el uso de cada peso destinado a atender la emergencia.