El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia declaró la urgencia manifiesta con el propósito de asegurar la expedición continua de pasaportes en el país. La decisión se conoce luego de que una decisión judicial suspendiera de manera provisional el nuevo modelo de estos documentos, según reportó la Cancillería y recogió El Universal.
La figura de urgencia manifiesta es un mecanismo contemplado en la contratación pública colombiana. Permite al Estado contratar de forma directa y sin proceso de licitación cuando se presentan situaciones de crisis que demandan atención inmediata. Su activación suele ir acompañada de la declaratoria de un riesgo inminente para la prestación de un servicio esencial.
La expedición de pasaportes es un servicio a cargo de la Cancillería y reviste especial relevancia porque el documento es requisito para salidas del país, trámites consulares, viajes de trabajo y procesos migratorios. Ante el volumen habitual de solicitudes, cualquier interrupción genera filas, demoras y afectaciones a los usuarios.
Hasta el momento la Cancillería no ha detallado en el extracto disponible el alcance exacto de la suspensión judicial ni el nombre del despacho que la profirió. Tampoco se conoce con precisión la vigencia del nuevo modelo ni los argumentos centrales del fallo que lo suspendió, datos que serían clave para dimensionar el efecto de la declaratoria.
La urgencia manifiesta abre la puerta a celebrar contratos sin pliego tipo y a celebrar convenios interadministrativos o cruces de cuentas con entidades públicas, entre otros mecanismos. La normativa exige que la contratación derivada de esta figura esté orientada exclusivamente a superar la crisis y que se rinda cuenta posterior sobre su ejecución.
Para los ciudadanos la medida significa prioridad en los trámites pendientes y la posibilidad de que se habiliten canales extraordinarios de atención. También puede traducirse en tarifas, puntos de atención y turnos especiales, dependiendo de lo que disponga la Cancillería en los próximos días.
Organizaciones de control como la Procuraduría y la Contraloría suelen hacer seguimiento a las declaraciones de urgencia manifiesta. El objetivo es verificar que la figura se haya aplicado dentro del marco legal y que los recursos públicos se destinen exclusivamente a atender la contingencia declarada.
Queda por establecer si la urgencia manifiesta se mantendrá hasta que la justicia resuelva de fondo la situación del nuevo modelo de pasaporte, o si tendrá un plazo definido. También se espera que el Gobierno informe sobre los tiempos de espera en las oficinas de expedición y sobre eventuales medidas para usuarios con viajes próximos.