Durante una sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó la estrategia del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para enfrentar las emergencias derivadas del terremoto de magnitud 7,4 registrado en el departamento del Chocó el 10 de agosto de 2026. Según el funcionario, el gobierno procederá a declarar la emergencia económica, un instrumento contemplado en la legislación colombiana para agilizar el uso de recursos públicos en situaciones de desastre.
La emergencia económica es una figura prevista en la normatividad colombiana, distinta a la emergencia social y al estado de excepción. Su declaratoria permite al Ejecutivo disponer de partidas presupuestales, reasignar recursos y acceder a líneas de financiamiento orientadas a la atención de calamidades públicas. A lo largo de las últimas décadas, gobiernos de distinto signo han apelado a esta herramienta para responder a inundaciones, sequías y otros eventos catastróficos.
El terremoto del 10 de agosto de 2026, con epicentro en Chocó, se enmarca en la actividad sísmica que afecta la región pacífica colombiana, una zona con alta interacción de placas tectónicas. Sismos de magnitud significativa han tenido repercusiones en infraestructura vial, vivienda y servicios públicos en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Cauca. La información oficial sobre el alcance de los daños y las víctimas es el insumo central para dimensionar la respuesta del gobierno.
La declaratoria de emergencia económica, según expuso el ministro ante los congresistas, facilitará la llegada de recursos a los municipios más afectados y la articulación con entidades del orden nacional como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento de la Prosperidad Social. La sesión en comisiones económicas es el escenario natural para discutir el impacto fiscal de la decisión, pues allí se examinan tanto las fuentes de financiamiento como la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Para los habitantes del Chocó, una región con necesidades estructurales en servicios de salud, agua potable y vías, la respuesta del gobierno nacional tras un evento sísmico de esta magnitud resulta determinante. La emergencia económica puede traducirse en operativos de búsqueda, reconstrucción de viviendas, habilitación de vías y entrega de ayudas humanitarias. También abre la puerta a convenios con gobernaciones y alcaldías para ejecutar obras con agilidad.
En el debate legislativo, Gómez Martínez defendió la pertinencia de activar la emergencia como una reacción proporcionada a la magnitud del desastre. El ministro presentó ante los congresistas los criterios técnicos y financieros que sustentan la decisión, un paso usual antes de oficializar la declaratoria mediante decreto. La exposición en el Congreso busca, además, dar transparencia al manejo de los recursos públicos durante la crisis.
La figura de emergencia económica también ha sido objeto de debate en Colombia por su uso en momentos de crisis fiscale. Algunos sectores han cuestionado que se recurra a este instrumento sin un análisis detallado de las partidas disponibles o sin afectar proyectos de inversión ya programados. Sobre esos puntos, la exposición del ministro en el Congreso permitirá a los legisladores evaluar si el decreto cumple con los requisitos legales y si los recursos están adecuadamente garantizados.
En las próximas semanas se esperan nuevas reuniones entre el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los congresistas de las comisiones económicas para precisar el monto de los recursos, las fuentes de financiamiento y el cronograma de ejecución. Mientras tanto, en el Chocó continúan las labores de evaluación de daños y atención a las comunidades impactadas por el sismo del 10 de agosto.
La declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente de la Espriella marca el inicio formal de la fase de recuperación tras el terremoto. La respuesta institucional y la fiscalización del Congreso serán clave para determinar la efectividad de la medida y la velocidad con la que los recursos lleguen a los municipios más golpeados por la emergencia.