El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió al paso de los reparos que ha expresado la oposición al decreto que regula la protesta social en Colombia. La norma, según el Gobierno, busca darle herramientas a la Fuerza Pública para enfrentar hechos de violencia que se presentan en algunas manifestaciones, sin limitar el derecho legítimo de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.
El decreto ha generado debate desde su expedición. Sectores de la oposición han cuestionado que la medida pueda restringir las garantías ciudadanas para protestar, uno de los derechos consagrados en la Constitución. El Ejecutivo, en cabeza del Ministerio del Interior, sostiene que la norma no apunta contra la protesta pacífica sino contra las conductas violentas que afectan la convivencia y ponen en peligro a la población y a los propios uniformados.
La protesta social es un tema sensible en la historia reciente del país. Episodios de violencia durante jornadas de manifestación han derivado en investigaciones por abuso de la fuerza y en condenas contra miembros de la Policía y el Esmad. Por eso, cualquier ajuste normativo en esta materia es leído por organizaciones de derechos humanos, juristas y sectores políticos como un asunto de equilibro entre el orden público y las garantías democráticas.
Desde el Ministerio del Interior se ha subrayado que el decreto recoge los pronunciamientos de los tribunales y la jurisprudencia constitucional sobre el uso de la fuerza y los protocolos que deben seguir las autoridades durante las movilizaciones. Lara ha insistido en que el marco legal busca proteger tanto a quienes ejercen el derecho a la protesta como a los ciudadanos que no participan en ella y se ven afectados por bloqueos o alteraciones del orden.
La oposición ha planteado dudas sobre la proporcionalidad de algunas de las facultades que se otorgarían a la Fuerza Pública. Para los críticos, el decreto podría abrir la puerta a intervenciones policiales más amplias, con menos controles y rendición de cuentas. En el otro extremo, gremios y sectores afectados por bloqueos piden reglas más claras para impedir que las vías y la actividad económica queden paralizadas por grupos minoritarios.
El pronunciamiento del ministro se da en un contexto en el que el Gobierno ha privilegiado el diálogo con distintos sectores sociales, al tiempo que endurece su posición frente a hechos de vandalismo y violencia. Esa doble línea, explica analistas, ha sido una de las tensiones centrales de la actual administración: mantener los canales de conversación abierta mientras se garantiza el orden en las calles.
Para los ciudadanos, el decreto tiene efectos prácticos en la forma como se desarrollan las marchas, los bloqueos y las intervenciones de la Policía. Cualquier nuevo protocolo cambia la manera como se delimita lo que es protesta y lo que es delito, y establece qué tipo de respuesta se espera de los uniformados en cada caso. Esa definición no solo es jurídica sino operativa, porque define quién decide cuándo intervenir y con qué medios.
Quedan varios puntos pendientes sobre los que habrá que estar atentos. Las organizaciones de derechos humanos han anunciado que seguirán de cerca la implementación del decreto y evalúan posibles acciones legales. La oposición en el Congreso ha anunciado un debate de control político. Y el Gobierno deberá demostrar, con cifras y casos concretos, si la nueva herramienta normativa reduce los hechos de violencia en las calles sin recortar las garantías de quienes marchan de forma pacífica.