El Gobierno Nacional anunció que antes de que concluya 2026 adoptará una decisión sobre las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que actualmente están bajo intervención forzosa administrativa. El compromiso, según lo reportado, incluye preservar la prestación de los servicios de salud a los usuarios mientras se evalúa la situación de cada entidad.
Las EPS intervenidas son aquellas entidades promotoras a las que la Superintendencia Nacional de Salud les ha tomado el control por presentar indicadores financieros deteriorados, incumplimiento en el pago a prestadores o fallas en la garantía del servicio a sus afiliados. Una vez bajo intervención, el Estado asume temporalmente su administración con el objetivo de sanearlas, reorganizarlas o, en última instancia, liquidarlas.
En Colombia, las EPS cumplen la función de afiliar a los ciudadanos al sistema de salud y gestionar el pago de las atenciones que prestan clínicas, hospitales y profesionales. Cuando una EPS deja de funcionar correctamente, los efectos se trasladan a los pacientes: demoras en citas, dificultad para acceder a medicamentos y acumulación de deudas con la red hospitalaria, que termina afectando a los usuarios del régimen contributivo y subsidiado.
El sistema de salud colombiano atraviesa hace varios años una crisis de liquidez reconocida por múltiples actores. Los reportes del sector dan cuenta de cartera acumulada entre EPS e instituciones prestadoras, quejas crecientes ante la Superintendencia y tutelas que reiteran la vulneración del derecho a la salud. Por eso, la definición sobre las entidades intervenidas se percibe como un punto crítico dentro de la reforma que el actual Gobierno ha planteado.
Aunque el anuncio fija un horizonte temporal, no detalla todavía cuál será el camino elegido para cada una de las EPS. Las opciones sobre la mesa incluyen la continuidad bajo nuevas condiciones operativas, la fusión con entidades más sólidas, la capitalización con recursos públicos o la liquidación ordenada, decisión que se adopta según los indicadores financieros y la capacidad de respuesta a los afiliados.
El pronunciamiento también busca enviar un mensaje a los más de 25 millones de usuarios que dependen de estas entidades. La promesa central es que, sin importar la decisión final, la atención no se interrumpirá durante el proceso de transición. En la práctica, esto implica que el traslado de afiliados a otras EPS o la continuidad de la operación deberá garantizar acceso efectivo a consultas, exámenes, cirugías y tratamientos en curso.
Desde los gremios del sector hospitalario la expectativa es que la decisión sirva para resolver el flujo de recursos pendiente. Varias clínicas y hospitales han reiterado en los últimos meses que los retrasos en los pagos comprometen su capacidad de operar, y han pedido reglas claras para la relación con las EPS que continúen en el mercado.
Entre los pendientes quedó la publicación de los criterios técnicos con los que se evaluará a cada EPS intervenida y el cronograma detallado del proceso. Las organizaciones de pacientes, por su parte, pidieron ser convocadas a las mesas de seguimiento para verificar que la transición no afecte a quienes tienen tratamientos en curso, enfermedades crónicas o procedimientos programados.
La decisión final se conocerá antes del cierre de 2026, según el compromiso gubernamental. Hasta entonces, la Superintendencia Nacional de Salud mantendrá la vigilancia sobre la operación de las entidades y continuará recibiendo quejas de los usuarios a través de sus canales habituales.