La ministra de Agricultura señaló públicamente que beneficiarios del proceso de Reforma Agraria en el departamento de Córdoba están recibiendo amenazas. Según la funcionaria, la presión busca que los campesinos recién adjudicados renuncien a los predios que les fueron asignados por el Estado.
El pronunciamiento se conoció en un contexto donde la Reforma Agraria es una de las apuestas centrales del Gobierno nacional para reducir la concentración de la tierra en Colombia. El Ministerio de Agricultura ha sido el encargado de coordinar la entrega de predios baldíos y la formalización de pequeños productores en distintas regiones del país.
Córdoba es uno de los departamentos con mayor historial de conflicto por la propiedad de la tierra. En sus municipios rurales han operado históricamente grupos armados ilegales, paramilitares y, más recientemente, disidencias y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Esa dinámica ha generado episodios repetidos de desplazamiento y despojo de pequeños campesinos.
La advertencia de la ministra pone sobre la mesa un riesgo concreto: que los beneficiarios abandonen las fincas por miedo, lo que en la práctica devolvería esas tierras al mercado informal o a manos de quienes ejercen presión armada. De concretarse, el efecto sería contrario al propósito de la Reforma Agraria.
Organizaciones campesinas y de derechos humanos han denunciado en otras ocasiones que los procesos de adjudicación sin protección suficiente dejan a los productores en condición de vulnerabilidad. La Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas suelen alertar que el despojo posterior a la entrega es una de las fallas estructurales del acceso a tierras en Colombia.
La denuncia del Gobierno llega en un momento en el que Córdoba reporta indicadores sensibles en materia de seguridad rural. El departamento ha sido escenario de disputas entre estructuras criminales que buscan controlar rutas de salida y predios estratégicos para actividades ilícitas.
Desde el Ministerio se pidió a las autoridades competentes investigar los hechos y garantizar la protección de las familias amenazadas. La solicitud fue acompañada por un llamado a la Fuerza Pública para que refuerce la presencia en las zonas donde se ubican los predios adjudicados.
Organizaciones agrarias han reclamado durante años que la titulación de tierras venga acompañada de planes de seguridad, asistencia técnica y vías de acceso. Sin esos componentes, advierten, la entrega del título no se traduce en permanencia ni en productividad.
Por ahora, la alerta del Gobierno deja abiertas varias preguntas: cuántos beneficiarios estarían amenazados, en qué municipios específicos se concentran las denuncias y qué medidas concretas se adoptarán para evitar el desplazamiento. La respuesta institucional a esas preguntas será clave para medir la efectividad del programa.