El Gobierno nacional confirmó que interpondrá una denuncia penal contra la exministra de la Igualdad de la administración Petro. El motivo central es la desaparición de las llaves de unas bodegas donde se custodian mercancías de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, según reportó El Colombiano. El valor de los bienes almacenados supera los $16.800 millones.
La denuncia se origina en una denuncia administrativa y disciplinaria que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo había trasladado a la Fiscalía General de la Nación. El expediente apunta a que, al cierre de la administración anterior, no quedó claridad sobre el paradero de las llaves que permiten el acceso a los recintos aduaneros. Sin esos accesos, la cadena de custodia de la mercancía almacenada queda comprometida.
La DIAN administra bodegas en distintas zonas del país donde permanecen bienes retenidos, decomisados o en proceso de definición judicial. Estos espacios contienen ropa, calzado, dispositivos electrónicos, alimentos y otros productos de comercio exterior que permanecen bajo custodia mientras se resuelven procesos administrativos o penales. El inventario de cada bodega se actualiza de manera periódica y cualquier irregularidad en el acceso genera alertas en los organismos de control.
El caso se conoce en un momento en que la administración actual adelanta una revisión de los bienes y contratos que quedaron pendientes del gobierno anterior. En varias entidades del Estado se han reportado faltantes, demoras en entregas y diferencias en inventarios al momento del empalme. La Contraloría General y la Procuraduría han sido notificadas sobre distintas situaciones que quedaron bajo observación.
Para la ciudadanía, un hecho como este tiene efectos prácticos. La mercancía almacenada representa impuestos dejados de percibir, trámites pendientes y, en algunos casos, sanciones que la Nación puede cobrar a particulares. Cuando los accesos a una bodega no están claramente definidos, se abre la puerta a sustracciones, pérdidas de trazabilidad o decisiones administrativas sin el debido control documental.
Desde el punto de vista institucional, la denuncia interpuesta por el Gobierno busca que la Fiscalía determine qué ocurrió con las llaves y establezca responsabilidades individuales. La investigación deberá esclarecer si se trató de una omisión administrativa, un extravío o una acción deliberada. Mientras tanto, la DIAN deberá reforzar los protocolos de entrega y recepción de sus bodegas en cada cambio de administración.
El expediente se suma a otros señalamientos que distintas entidades han hecho sobre la transición del gobierno anterior al actual. En sectores como salud, educación y obras públicas también se han reportado irregularidades en entregas y cierres de programas. La diferencia en este caso es que se trata de bienes físicos bajo custodia de una autoridad aduanera, lo que activa controles penales específicos.
La exministra de la Igualdad, por su parte, aún no se ha pronunciado de manera pública sobre la denuncia anunciada por el Gobierno. En casos similares, las defensas suelen alegar que las responsabilidades recaerían sobre funcionarios de menor rango o sobre contratistas. La Fiscalía deberá evaluar los testimonios y los documentos que entregue cada parte antes de formular cargos.
Quedan varios puntos por resolver en las próximas semanas. Primero, la radicación formal de la denuncia ante la Fiscalía. Segundo, la apertura de una noticia por el posible que establezca si hay otros bienes afectados. Tercero, la respuesta de los directamente señalados. El proceso judicial que comienza será el que determine si hubo una conducta sancionable y, en tal caso, quiénes son los responsables.