El Gobierno nacional derogó el decreto que prohibía la erradicación de cultivos con aspersión aérea, según informó Noticias RCN. La medida reabre el camino legal para retomar una herramienta que había sido suspendida en el país.
La decisión llega después de que la Corte Constitucional estableciera una ruta para reanudar la fumigación con químicos desde el aire. El tribunal condicionó el regreso de la aspersión al cumplimiento de requisitos específicos que aún están por definirse en detalle.
La aspersión aérea estuvo vigente en Colombia durante décadas como una de las estrategias centrales de la lucha contra los cultivos de coca y amapola. En 2015 el Gobierno suspendió esa práctica por los daños ambientales y los cuestionamientos sobre su efectividad, y un decreto posterior formalizó la prohibición.
Desde entonces, la erradicación se ha concentrado en la aspersión terrestre y en los programas de sustitución voluntaria de cultivos. Organizaciones campesinas y de derechos humanos han pedido mantener suspendida la fumigación aérea por sus efectos sobre la salud y el ambiente, mientras que sectores de seguridad han reclamado retomarla como herramienta contra el narcotráfico.
El decreto derogado había sido expedido bajo el argumento de que la fumigación con glifosato representaba riesgos para la salud de las comunidades y para los ecosistemas. Su eliminación coincide con la postura de quienes consideran que la aspersión aérea es indispensable para reducir los cultivos ilícitos.
Según la fuente, la ruta de la Corte Constitucional se mantiene. Eso significa que el Gobierno puede avanzar en la reglamentación, pero debe ceñirse a las condiciones que el alto tribunal fijó antes de autorizar nuevas jornadas de aspersión en el territorio.
El anuncio genera expectativa entre los habitantes de las regiones afectadas por los cultivos de uso ilícito. Líderes comunitarios esperan conocer los protocolos, las zonas priorizadas y los mecanismos de control ambiental antes de que se reanuden las operaciones aéreas.
Por ahora, la derogación del decreto es un paso administrativo. Queda pendiente la expedición de la nueva regulación y la verificación de los criterios de la Corte, dos requisitos sin los cuales la fumigación aérea no podría volver a operar de manera efectiva en Colombia.
Sectores ambientalistas han advertido que cualquier reinicio debe incluir estudios de impacto actualizados y veeduría independiente. La Corte Constitucional, en su fallo, recordó que el Estado debe proteger la salud y el ambiente incluso en el marco de la lucha contra las drogas.
En los próximos días se esperan pronunciamientos oficiales del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa, así como de la Fiscalía y de organizaciones internacionales que han seguido de cerca la política de drogas del país.