El Ministerio de Hacienda puso en consulta un proyecto de decreto que deja sin efecto la norma que les exigía a las Administradoras de Fondos de Pensiones mantener un porcentaje del ahorro de los afiliados en el mercado colombiano, según informó El Espectador.
Las AFP son las entidades privadas encargadas de gestionar los recursos de pensiones de los trabajadores que cotizan al sistema de capitalización individual. Desde hace varios años, el Gobierno había buscado que una porción creciente de esos fondos se invirtiera en títulos emitidos en Colombia, con el argumento de fortalecer el mercado de capitales local y darle mayor destinación productiva al ahorro pensional.
La obligación había generado resistencia entre los fondos privados, que señalaban restricciones para diversificar el riesgo y buscar mayores rentabilidades en el exterior. También despertó críticas de analistas y gremios que advertían sobre el efecto en la rentabilidad de las pensiones, un tema sensible para millones de colombianos que dependen del rendimiento de sus ahorros para su vejez.
Con la derogatoria, las administradoras recuperarían libertad para definir la composición de sus portafolios, aunque seguirán operando bajo la regulación general de la Superintendencia Financiera y los topes de inversión ya establecidos. El Ministerio de Hacienda deberá expedir el decreto definitivo una vez analice los comentarios que reciba durante el período de consulta.
Para los afiliados, el cambio tiene implicaciones directas. Si los fondos migran parte de sus inversiones hacia activos en el exterior, los rendimientos podrían variar en función de las condiciones de los mercados internacionales. La discusión central gira en torno a si esa mayor diversificación protege o expone más el patrimonio de los trabajadores frente a la volatilidad local.
En el plano institucional, la decisión marca un giro en la política de canalización del ahorro pensional hacia el desarrollo del mercado de capitales colombiano, una prioridad que distintos gobiernos habían promovido en las últimas dos décadas. La derogatoria deja en suspenso el efecto que la medida buscaba sobre la financiación de proyectos de infraestructura y empresas locales.
El proyecto de decreto queda ahora sujeto a observaciones de los fondos, los gremios, los expertos y la ciudadanía en general. Tras esa etapa, el Ministerio de Hacienda definirá el texto final, que en caso de ser expedido pondría fin a uno de los capítulos más discutidos de la regulación pensional reciente.