La liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza con la designación de Alfredo Acosta Zapata, un paso clave dentro del proceso formal de cierre de la cartera creada durante el gobierno anterior. El anuncio fue reportado por El Heraldo y marca el inicio operativo de una etapa que se extiende mientras se define el destino de los programas, los contratos y el talento humano vinculados a esa entidad.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas emblemáticas de la administración de Gustavo Petro, con el objetivo de atender poblaciones históricamente marginadas como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, comunidades étnicas y población LGBTI+. Tras la reforma constitucional aprobada por el Congreso para modificar su naturaleza jurídica, la cartera quedó en una figura de transición a la espera de su supresión definitiva.
El empalme entre los equipos de transición del gobierno saliente y el entrante estuvo marcado por dudas sobre el manejo de la liquidación. El Heraldo señala que el proceso ha sido objeto de críticas, en buena medida por la falta de información clara sobre el estado de los convenios, los contratos y los funcionarios que dependían de la cartera. La asignación de un liquidador busca dotar al cierre de un responsable directo con facultades legales para tomar decisiones.
La figura del liquidador tiene un papel determinante en entidades de este tipo. Es la persona encargada de levantar el inventario de activos y pasivos, atender los compromisos pendientes, responder por los procesos judiciales en curso y garantizar la transición de los programas hacia otras entidades, cuando sea posible. También debe rendir cuentas ante los organismos de control sobre el resultado del proceso.
Una de las preocupaciones que ha surgido en el empalme gira en torno a los programas sociales que operaban bajo el paraguas del Ministerio de la Igualdad. Iniciativas como los planes de vida para comunidades étnicas, los fondos dirigidos a mujeres víctimas de violencia y los proyectos para jóvenes requieren una reasignación expresa para no quedar en el limbo. Esa reasignación es justamente una de las tareas que el liquidador debe coordinar con las entidades receptoras.
Para la ciudadanía, el cierre de un ministerio no se siente como una decisión abstracta. Miles de familias accedían a servicios y beneficios canalizados a través de esa cartera, y la continuidad de esos apoyos depende de que el proceso de liquidación se ejecute sin traumatismos. La opacidad o la demora en la transición podría traducirse en la suspensión temporal de programas que llegaban a territorios apartados.
La designación de Acosta Zapata también reactiva la discusión sobre la planta de personal del Ministerio de la Igualdad. Los funcionarios de carrera y los contratistas tienen derechos adquiridos que deben ser respetados durante la liquidación, según lo establece la ley para procesos de este tipo. Cualquier decisión sobre reubicación o finalización de contratos deberá contar con el acompañamiento de las instancias pertinentes.
Según El Heraldo, el siguiente paso será la publicación formal del acto administrativo que formaliza la liquidación, junto con los plazos para la entrega de informes y la transferencia de funciones a otras entidades del Estado. La transparencia en cada una de esas etapas será determinante para reducir las críticas que ya acompañan al proceso de cierre.
Queda pendiente el debate en el Congreso y en la opinión pública sobre si el gobierno entrante cumple con las exigencias legales del cierre o si quedan vacíos que puedan derivar en investigaciones posteriores por parte de los órganos de control.