El Gobierno nacional revocó un contrato de asesoría suscrito entre el Ministerio del Interior y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero. Según reportó El Colombiano, el acuerdo no alcanzó a permanecer un día en ejecución antes de que la administración decidiera dar marcha atrás.
La decisión se conoce en un momento sensible para el Ministerio del Interior, cartera encargada de articular la relación del Ejecutivo con el Congreso, los partidos políticos y las autoridades regionales. La contratación de perfiles con experiencia en organismos electorales suele concentrar atención pública por la cercanía de esos roles con los procesos de competencia democrática.
Altus Baquero integró el Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de la inspección, vigilancia y control de la actividad electoral en Colombia y de la organización de los procesos de elección en lo que corresponde a esa entidad. Su paso por el CNE lo ubica como una figura con conocimiento técnico del sistema de garantías electorales, perfil que ordinarily resulta de interés para asesorías en el área política del Gobierno.
El extracto difundido por El Colombiano no precisa el objeto detallado del contrato, el monto acordado ni el plazo previsto. Tampoco detalla si la revocatoria se produjo por decisión unilateral del Ministerio, por solicitud del contratista o por observaciones internas o externas sobre la conveniencia del vínculo. La opacidad sobre esos puntos suele alimentar lecturas políticas en ambos sentidos.
La reversión de contratos recién firmados es un procedimiento previsto en la contratación pública cuando la administración detecta errores, incumplimientos o razones de conveniencia que justifican dejar sin efectos el acto. En la práctica, estas decisiones pueden responder a observaciones de controles internos, a cuestionamientos públicos o a una reevaluación del equipo de trabajo de la dependencia contratante.
El episodio se suma a la atención que el Ministerio del Interior ha recibido por la composición de su equipo de asesores y por el perfil de algunos de sus contratistas, en un contexto de mayor vigilancia ciudadana sobre el uso de recursos públicos y sobre la idoneidad de los colaboradores del Gobierno.
Hasta ahora, el Ministerio del Interior no ha detallado, según el extracto disponible, las razones específicas que llevaron a dejar sin efecto el contrato. Esa explicación resulta relevante para evaluar si se trató de un ajuste administrativo rutinario o de una decisión motivada por cuestionamientos sobre la idoneidad del asesor.
Queda pendiente conocer el pronunciamiento oficial del Ministerio, la respuesta del exmagistrado Baquero y si el expediente contractual fue remitido a algún organismo de control. La ciudadanía, en particular los sectores que hacen veeduría a la contratación estatal, espera que se aclaren los motivos y se transparente la trazabilidad del proceso.